¿Qué esperar del 2020 en materia judicial y legislativa?

Catalina Albornoz De la Cuesta

Redactora ÁMBITO JURÍDICO

 

El inicio de un año genera siempre grandes expectativas en materia judicial y legislativa, pues las decisiones adoptadas por las altas cortes y las normas expedidas en una nueva legislatura son las encargadas, sin duda, de marcar la hoja de ruta de todo el país.

 

El 2020 no es la excepción. Por eso, ÁMBITO JURÍDICO resalta algunos de los principales temas que, seguramente, mantendrán a la comunidad jurídica pendientes de los titulares durante todo el año.

 

Actividad legislativa

 

 

Uber. El 2019 cerró con la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio de cesar el acceso y la prestación del servicio de transporte individual de pasajeros, por medio de la aplicación Uber. Sin embargo, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, aseguró que se trabajará de manera conjunta con el Congreso de la República para reglamentar estas plataformas. Sin duda, este anuncio asegura que el tema seguirá encabezando titulares judiciales.

 

Aborto. El último exhorto de la Corte Constitucional dirigido al Congreso de la República para regular la interrupción voluntaria del embarazo, a través de la Sentencia SU-096 del 2018, vuelve a poner la lupa sobre un tema que el legislativo se ha negado a regular. Se espera que el 2020 sea el año en el que se logre contar con una normativa que despeje las dudas acerca de este procedimiento.

 

Reforma pensional y laboral. Las protestas suscitadas finalizando el año en contra de algunas propuestas atribuidas al Gobierno Nacional abrieron el debate en torno a su verdadera necesidad. Los expertos respaldan esta idea y se encuentran pendientes de los resultados adelantados en las mesas técnicas que trabajan para estructurar el proyecto de reforma pensional que sería presentado en marzo de este año.

 

Cadena perpetua. A partir del mes de marzo, seguirá el estudio del proyecto de acto legislativo que busca implementar la pena de prisión perpetua para violadores y asesinos de menores de edad, revisable a los 25 años de cumplimiento. El avance de la reforma constitucional en el Congreso de la República mantiene vivo el debate sobre conveniencia entre los expertos.

 

Revisión constitucional

 

 

El fin de la vacancia judicial marcó el inicio de un nuevo ciclo de radicación de demandas de inconstitucionalidad, sin contar las que desde el año pasado están pendiente de decisión.

 

Precisamente, al cierre de esta edición, la Corte Constitucional ya había admitido algunos escritos que, por su importante temática, se prevé que las decisiones que originen sean protagonistas del 2020.

 

Ley de Crecimiento Económico. Cada vez que se expide una reforma tributaria le sigue, casi inmediatamente, una cascada de demandas de inconstitucionalidad. La Ley de Crecimiento Económico (L. 2010/19) no es la excepción. La Corte Constitucional fue recibida con tres demandas en contra de esta normativa, que, al cierre de esta edición, no habían sido admitidas. En la primera se alega una vulneración de los principios que rigen el sistema tributario, considerando que, a juicio del demandante, el aumento del impuesto a la renta para personas naturales y la disminución para personas jurídicas desconoce el principio de progresividad tributaria, porque no tiene en cuenta que los ciudadanos tienen menor capacidad de pago que las grandes empresas. Otra, por su parte, demandó el artículo 92, en el cual se estableció la tarifa general para personas jurídicas del impuesto a la renta y se gravó con puntos adicionales a las instituciones financieras. Finalmente, la tercera fue radicada por el senador Roy Barreras, quien atacó la totalidad de la ley, por contrariar, supuestamente, los artículos 1º, 3º, 13, 25, 29, 149, 157, 158, 160 y 161 de la Constitución Política.

 

Plan Nacional de Desarrollo. El plan del actual Gobierno Nacional ha recibió más de 25 demandas en su contra, incluidas dos que pretenden “tumbarlo” en su totalidad, por vicios de forma. Pero, además, la Corte Constitucional tendrá que analizar otros importantes aspectos, tales como la integración empresarial para la prestación del servicio de energía; la restructuración de la Contraloría General de la República; la destinación de los recursos del Fondo de Tecnología de la Información y las Comunicaciones; los aranceles a las importaciones y de aduanas nacionales; las prórrogas de los contratos de concesión minera y el presupuesto de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, por vulnerar, supuestamente, distintos principios fijados en la Constitución Política de 1991.

 

Ley TIC. La Ley 1978 del 2019, que busca modernizar el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, tampoco se salvó de una revisión constitucional. Una de las demandas admitidas que cursan en su contra, liderada por la Fundación para la Libertad de Prensa, la Comisión Colombiana de Juristas y la Fundación Karisma, plantea, entre otras cosas, que esa normativa vulneró la reserva de ley estatutaria, por la consagración contenida en los artículos 8º y 9º demandados, en tanto contienen disposiciones que regulan derechos fundamentales, como la libertad de expresión y el uso plural del espectro electromagnético.

 

Régimen del control fiscal. Ya fue admitida una demanda en contra de los incisos 2° y 3° del artículo 1º y el numeral 13 del artículo 2º del Acto Legislativo 04 del 2019, que reformó el régimen de control fiscal del país. Allí se afirma que el Congreso de la República excedió su poder de reforma y sustituyó los pilares esenciales de la Constitución Política. Justamente, sostiene que la Asamblea Nacional Constituyente optó por la abolición del control previo, de ahí que las disposiciones demandadas, en realidad, sustituyeron la Constitución por una nueva, aspecto para lo cual el Legislativo carecía de competencia.

 

El Consejo de Estado

 

 

‘Fracking’. El despacho del consejero Ramiro Pazos (Sección Tercera) suspendió los actos administrativos por medio de los cuales el Gobierno Nacional fijó los criterios del fracking (Decreto 3004 del 2013 y la Resolución 90341 del 2014 del Ministerio de Minas y Energía), en atención al principio de precaución. Como el alcance de esa decisión no impide la realización de proyectos piloto integrales de investigación, en algún momento se especuló respecto a la adopción de una decisión de fondo que daba vía libre a esta actividad. Sin embargo, la corporación no ha emitido un fallo definitivo.

 

Curules de paz. La Sección Primera será la encargada de decidir si “revive”, o no, las 16 curules de paz que se hundieron el año pasado por falta de tiempo para su votación. En efecto, la providencia que profiera desarrollará “lo relativo a la naturaleza del acto objeto de control, la posibilidad de que el mismo sea enjuiciado en esta jurisdicción, el desconocimiento de las disposiciones de orden constitucional y legal que permiten la aprobación de proyectos de actos legislativos, la aplicación del principio de rigidez constitucional y la interpretación del reglamento del Congreso”.

 

Dosis mínima. Aun cuando la Sección Primera negó la suspensión provisional del Decreto 1844 del 1º de octubre del 2018, por medio del cual se reglamentó la prohibición de poseer, distribuir o comercializar estupefacientes, se espera que en el 2020 se defina su legalidad, al resolver una acción de nulidad, sustentada en la supuesta extralimitación de las competencias del Gobierno para reglar ese asunto. 

 

La Corte Suprema de Justicia

 

 

Elección de magistrados. La corporación inició el 2020 con una tarea pendiente: llenar las vacantes de los magistrados. Las voces que se han alzado frente al retardo de este deber institucional esperan, al igual que la comunidad en general, que el cumplimiento de este deber se resuelva de manera prioritaria al inicio del año.

 

Elección del fiscal. Más de nueve meses han transcurrido desde la salida del exfiscal Néstor Humberto Martínez. Y pese a que ya existe una terna, propuesta por el Presidente de la República, la elección del nuevo director del ente acusador no se ha adelantado, por lo que la expectativa de esta designación será, sin duda, una de las principales noticias cuando finalmente se realice.

 

Procesos contra servidores. De la Corte Suprema de Justicia también se espera que defina la responsabilidad penal en contra de varios servidores, como ocurre con el proceso penal adelantado en contra del senador Álvaro Uribe Vélez, investigado por un presunto fraude procesal y el delito de soborno. Igualmente, se encuentra pendiente el que vinculó al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos, proceso que se inició ante la investigación preliminar en su contra por “parapolítica”.

 

‘Cartel de la toga’. Durante el año que inicia, también se espera que se defina la suerte de los exmagistrados vinculados al denominado “cartel de la toga”, como Francisco Ricaurte, Gustavo Malo y José Leonidas Bustos. Valga aclarar que estos procesos se encuentran en diferentes instancias y etapas procesales.