Se redujeron en 2 % los procesos judiciales activos contra el Estado

La ANDJE presentó el informe de litigiosidad nacional con corte al 30 de julio del 2024. Según la entidad, el número de procesos judiciales activos en contra del Estado colombiano se redujo un 2 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando un total de 339.748 casos. Las pretensiones económicas de estos procesos suman $ 652 billones.

Entre las entidades con mayor cantidad de demandas activas se encuentran:

1. Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones): con 89.406 procesos y pretensiones de $ 4,2 billones de pesos, la mayoría relacionados con el desconocimiento de traslado de régimen pensional. (Lea: Establecen criterios de intervención de la ANDJE en procesos de asesoría legal)

2. Fondo de prestaciones del magisterio: con 50.482 procesos y pretensiones de $ 3,7 billones, la principal causa es la sanción moratoria por incumplimiento en el reconocimiento y pago tardío de cesantías parciales y/o definitivas, conforme a la Ley 244 de 1994 y su modificación por la Ley 1071 del 2006; así como por la no consignación de cesantías conforme a la Ley 50 de 1990. (Lea: ANDJE lanza Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado)

3. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial: cuenta con 26.783 procesos y pretensiones de $ 60,7 billones, principalmente por la ilegalidad del acto administrativo que no reconoce la bonificación judicial de los decretos 382, 383 y 384 de 2013.

4. Ministerio de Defensa Nacional: con 23.064 procesos y pretensiones de $ 127,1 billones, la mayoría por lesiones accidentales o fortuitas a conscriptos.

5. Fiscalía General de la Nación: con 20.696 procesos y pretensiones de $ 46,8 billones, mayormente por privación injusta de la libertad.

El proceso más costoso en contra de la Nación es una acción de grupo instaurada contra la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, con pretensiones de $ 46,2 billones. Este proceso se originó porque la Secretaría de Tránsito de Sampués continuó operando a pesar de haber sido suprimida.

Finalmente, en el primer semestre del 2024, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado logró ahorrar $ 1,9 billones de pesos al intervenir en procesos donde se obtuvieron fallos favorables en instancia definitiva.

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