Luis Pásara: “El gobierno ecuatoriano obtiene lo que pretende en los tribunales”

El pasado 29 de julio, se publicó el informe Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana, elaborado por el jurista y académico peruano Luis Pásara, con el apoyo de la Fundación para el Debido Proceso (DPFL, por su sigla en inglés), con sede en Washington; el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), de Colombia, y el Instituto de Defensa Legal (IDL), de Perú.

El documento, basado en análisis de casos de relevancia social, advierte sobre la influencia del poder Ejecutivo ecuatoriano en las decisiones de los jueces, y particularmente en la función disciplinaria ejercida por el Consejo de la Judicatura sobre los operadores judiciales. Ejemplo de esto es la aplicación de la figura del “error inexcusable”, para destituir a jueces por emitir sentencias con las que esa corporación no estaba de acuerdo.

El informe levantó ampolla en el Consejo, y fue descalificado por su presidente, Gustavo Jalkh Robën, quien se refirió a él como “una recopilación de opiniones pronunciadas por algunos actores políticos, quienes abiertamente se oponen al Gobierno Nacional”.

ÁMBITO JURÍDICO conversó con Pásara sobre las conclusiones de este informe.

ÁMBITO JURÍDICO: En términos generales, ¿cuál es su conclusión sobre la independencia judicial en Ecuador?

Luis Pásara: La independencia judicial ha sido algo infrecuente en Ecuador, como en otros países de la región. Lo señalan diversos autores ecuatorianos e investigadores de distinto origen. Gobiernos elegidos o no elegidos han situado a los jueces en una condición subordinada, y el actual gobierno de “la revolución ciudadana” se ha inscrito en esa tradición. Esto último sí fue materia del informe que me encargó preparar la DPLF y que fue publicado con el patrocinio de Dejusticia y el IDL.

Á. J.: ¿A esto se ha debido la inestabilidad en la conformación de las altas cortes en las últimas décadas?

L. P.: No estoy en condiciones de responder la pregunta a partir de mi trabajo de investigación. Pero de las lecturas hechas se desprende eso: que en Ecuador la política ha “puesto” y ha “sacado” cortes. En el caso del despojo sufrido en el 2004, tanto por los integrantes de la Corte Suprema como por los integrantes del Tribunal Constitucional, hubo sentencias condenatorias dictadas el año pasado contra el Estado ecuatoriano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Á. J.: A mediados de 2011, se instaló un Consejo de la Judicatura de transición, ¿cuál era la intención de este tránsito y cuál fue el resultado?

L. P.: No puedo, ni debo, atribuir intenciones. Lo que conozco es que la razón aducida fue combatir la inseguridad ciudadana, achacándose a los tribunales una responsabilidad principal en el fenómeno de la delincuencia. A comienzos del 2001, el presidente Correa anunció su propósito de “meter las manos en la justicia” y así lo hizo. Convocó una consulta popular, que se realizó en mayo de ese año, y logró aprobar por un margen mínimo una modificación constitucional que hizo del Consejo de la Judicatura un órgano nombrado políticamente. En los 27 meses siguientes a la instalación del Consejo “reformado”, destituyó a 387 jueces. En octubre del 2013, uno de cada cuatro de los 2.000 jueces ecuatorianos había sido nombrado en concursos convocados por el Consejo. El informe no analizó los nombramientos, sino los procedimientos disciplinarios, y la conclusión fue que el resultado de los cambios ha sido el establecimiento de un sistema de control impuesto por el Consejo sobre los jueces.

Á. J.: ¿Por qué no se hicieron públicas las sanciones impuestas a los jueces?

L. P.: Yo también quisiera saberlo y, sin duda, los propios jueces ecuatorianos quieren saberlo. Porque el Consejo aplica criterios, en el procesamiento y la sanción de los jueces, que los sancionados conocen tratándose de su propio caso, al recibir la resolución respectiva que los sanciona, incluso con la destitución. Pero los jueces, en general, no conocen esos criterios, dado que las resoluciones no se publican ni son accesibles.

Á. J.: ¿Qué fallas encontró en el procedimiento disciplinario?

L. P.: No sé si pueda hablarse de “fallas”. Prefiero no calificar así ciertos rasgos del procedimiento que están objetivamente comprobados en el texto de las resoluciones del Consejo. El principal es el uso errático de la causal, legalmente establecida, del “error inexcusable”. Ciertamente, es una figura inadecuadamente tipificada, que facilita el uso arbitrario. De esto se ha encargado el Consejo, según se ve en sus resoluciones, al erigirse en juez de jueces; esto es, siendo un órgano administrativo –obviamente, carente de facultades jurisdiccionales–, en el momento de sancionar el Consejo decide, como premisa, cuál interpretación de la ley es aceptable y cuál no. Eso es lo más grave. Además, en varios casos se ha verificado que el Consejo inicia proceso a un juez por una causal determinada, le pide que haga el descargo correspondiente con respecto a esa causal, y luego lo destituye invocando una causal distinta. Finalmente, otro aspecto a destacar es la limitación en el derecho de defensa, que varios jueces sancionados han señalado: no se les reconoce derecho a audiencia, es decir, se les pide una declaración, pero no se les escucha ni se discuten con ellos los cargos por los que se les ha abierto un sumario.

Á. J.: ¿Cómo ha interferido el actual Gobierno ecuatoriano en la administración de justicia?

L. P.: Primero, mediante declaraciones del presidente Correa, que opina públicamente –en especial, en sus largas alocuciones de los sábados– sobre las decisiones que deben tomar los jueces y critica en términos sumamente duros las decisiones adoptadas en los tribunales. Segundo, a través de la actuación del Consejo, ya señalada, que en muchos casos ha abierto sumarios contra un juez inmediatamente después del señalamiento formulado por el presidente Correa o por el actual ministro del Interior, José Serrano, que antes fue ministro de Justicia.

Á. J.: ¿El Ejecutivo controla al Consejo de la Judicatura?

L. P.: Empecemos por la composición del Consejo políticamente decidida, que es un elemento formal de cierta importancia. El actual presidente del Consejo, Gustavo Jalkh, durante los siete años que “la revolución ciudadana” lleva en el gobierno ha sido sucesivamente: ministro de Justicia, secretario particular del presidente Correa y ministro de Gobierno; ahora, preside el Consejo de la Judicatura, y diversas versiones le asignan el papel de “delfín”, esto es, quien sustituirá a Correa en algún momento.

Pero lo que es más importante es que la actuación del Consejo corresponde objetivamente a lo que el Ejecutivo decide. En el informe se transcriben dos oficios provenientes de altos funcionarios que revelan esa dimensión. Uno proviene del Secretario Nacional Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, que en noviembre del 2010, dispuso cómo debía procederse judicialmente contra aquellos jueces que se atrevieran a disponer “la suspensión del acto de autoridad pública” que se hubiera obtenido mediante “la acción de protección o de medidas cautelares”. El otro es el oficio del coordinador de la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, Diego Zambrano Álvarez, de julio del 2012, que solicita que “se haga conocer a las juezas y los jueces” que en las acciones de protección “se tomen los correctivos (…) y de esta forma evitar la aplicación de sanciones administrativas”.

Á. J.: ¿Pasa lo mismo con las otras cortes?

L. P.: Lo que ocurre en los tribunales en general no fue comprendido en el estudio. Pero sí se tomó un conjunto de casos de mucho impacto político y mediático –12 casos en total– en los que el gobierno del presidente Correa tuvo un interés manifiesto; en la mayoría de ellos, el gobierno obtuvo de los jueces aquello que pretendía. En ciertos casos, si se analizan cuidadosamente las decisiones, especialmente en la aplicación de las figuras legales de “sabotaje” y “terrorismo”, sobreviene, cuando menos, la perplejidad. Hubo otros casos en los que los jueces, como profesionales que se respetan, decidieron lo que creyeron apegado a derecho. Algunos pagaron esto con la destitución.

Á. J.: ¿Cuál es el remedio para esta situación?, ¿es posible hacerlo en el gobierno de Correa?

L. P.: El informe concluye señalando que no estamos –como ocurre con frecuencia lamentable en América Latina– ante abusos circunscritos o actos eventuales de prepotencia en los que el poder Ejecutivo ingresa en el terreno que corresponde a la judicatura. En Ecuador existe un mecanismo institucionalizado para que el gobierno obtenga en los tribunales aquello que pretende. Se trata de una política del gobierno de “la revolución ciudadana”. Allí el informe se detiene, porque las derivaciones de este señalamiento, que se formula a partir de la documentación oficial examinada, son políticas y afrontarlas corresponde fundamentalmente a los ecuatorianos.