Gobierno objeta proyecto que garantizaría subsidio a instalación de gas en viviendas VIS y VIP

Fue publicada la objeción presidencial al proyecto de ley 349/24C-231/22S, que pretende garantizar el acceso al servicio público domiciliario de gas combustible por redes en nuevas viviendas de interés social (VIS) y viviendas de interés prioritario (VIP).

La iniciativa pretende que el Gobierno garantice recursos para subsidiar el 70 % del valor de la conexión e instalación interna de las redes de gas en las nuevas viviendas VIS y VIP.  Además, el 30 % restante se incluirá dentro de valor de la vivienda a financiar o lo pagaría directamente el usuario.

Según el Ejecutivo, la objeción por inconstitucionalidad es contra el artículo 8° de la iniciativa, sobre el cumplimiento al margen del marco fiscal a mediano y largo plazo, por las siguientes razones:

i) El artículo 334 superior establece que la dirección general de la economía corresponde al Estado en un marco de sostenibilidad fiscal, que a su vez es un principio que debe orientar a las ramas y órganos del poder público, dentro de sus competencias, en un marco de colaboración armónica.

En el mismo sentido, el artículo 346 de la Carta Política establece que el presupuesto general de la Nación deberá elaborarse, presentarse y aprobarse dentro de un marco de sostenibilidad fiscal.

ii) A su vez, la Ley 819 del 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones, estableció no solo el denominado marco fiscal de mediano plazo como herramienta primordial de planeación y disciplina fiscal, sino que también impuso, en su artículo 7, la obligación de realizar un análisis de impacto fiscal sobre todo proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, que en todo caso debe ser consistente con el ya referido marco fiscal de mediano plazo. (Lea: Modifican la definición de coberturas disponibles para el programa “Mi casa ya”)

El Ejecutivo entonces expresa que la propuesta requería análisis de impacto fiscal, obligación que no solo aplica a iniciativas del Gobierno sino también a propuestas de los legisladores.

Y finaliza con que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre la expedición de normas legales que desestabilizan las finanzas públicas, pues afectarían el funcionamiento del Estado. 

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