El Ministerio de Relaciones Exteriores presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para ratificar la Convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios. Este tratado, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, busca fortalecer las herramientas legales del país para enfrentar la problemática del uso de exmilitares colombianos en conflictos internacionales ajenos a Colombia.

El canciller Luis Gilberto Murillo subrayó la relevancia de este instrumento para Colombia, al señalar que muchas organizaciones extranjeras reclutan a exmilitares nacionales, a veces bajo engaños, para utilizarlos en conflictos que no guardan relación con el país. Esta situación no solo expone a estas personas a graves peligros, sino que también genera complicaciones diplomáticas, ya que sus familias exigen su retorno en medio de conflictos bélicos. (Lea: Imponerle a la mujer víctima de violencia la carga de solicitar medidas de protección es violencia institucional)

La Convención establece que los Estados partes, al ratificarla, se comprometen a no reclutar, utilizar, financiar ni entrenar mercenarios, prohibiendo cualquier actividad relacionada. Además, la aprobación de esta ley obligaría a Colombia a adaptar su legislación interna para criminalizar y procesar judicialmente a quienes participen en actividades mercenarias, incluso permitiendo su extradición en casos necesarios.

El proyecto de ley presentado también propone la creación de delitos específicos para combatir de manera efectiva estas actividades. Se busca, además, implementar medidas públicas necesarias para prevenir el reclutamiento y la utilización de mercenarios en actos que atenten contra la soberanía y el orden constitucional del país.

Finalmente, la propuesta será evaluada por la Comisión Segunda del Senado, que se encarga de temas relacionados con las relaciones internacionales y la seguridad y defensa nacional. Esta discusión será crucial para que Colombia avance en la lucha contra el fenómeno de las empresas militares privadas y las actividades mercenarias que amenazan la estabilidad y seguridad del Estado.

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