Cancillería actualizaría regulaciones sobre condición de refugiado
29 de Noviembre de 2024
El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó un proyecto de decreto que actualizaría las regulaciones sobre la condición de refugiado. Este proyecto busca alinear la normativa nacional con las necesidades actuales del país y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. La actualización se enmarcaría dentro de la política de protección internacional, que tiene como objetivo garantizar un trato justo y humano a quienes buscan refugio en el territorio colombiano.
Una de las principales modificaciones que plantea el proyecto se refiere a la duración y condiciones de los salvoconductos. Estos documentos temporales serían expedidos a extranjeros que requieren permanecer en el país mientras se resuelve su situación de refugio. Según el proyecto, el salvoconducto tendría una duración inicial de 30 días, prorrogable a solicitud del interesado, lo que permitiría una mayor flexibilidad en la gestión de casos de asilo. (Lea: Gobierno debe diseñar política pública para resolver problemática en trámite de solicitudes de refugio)
Además, propone que los salvoconductos permitan a los solicitantes de refugio ejercer actividades laborales y ocupaciones, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la legislación colombiana. Esta medida no solo facilita la integración de los refugiados en la sociedad, sino que también contribuiría a su bienestar y estabilidad durante el proceso de determinación de su condición.
La normativa actual, contenida en el Decreto 1067 del 2015, según el Gobierno, presenta múltiples etapas y actores involucrados, lo que a menudo genera demoras en la resolución de las solicitudes. Con el proyecto de decreto se busca optimizar este proceso, garantizando una respuesta más ágil y eficiente a los solicitantes de asilo.
Asimismo, el proyecto reafirma el papel de Migración Colombia en la gestión de los salvoconductos y otros trámites relacionados con la migración. Esta entidad sería responsable de expedir los documentos necesarios para que los extranjeros puedan regularizar su situación en el país, asegurando que se respeten sus derechos durante todo el proceso.
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