Establecen estrategias para la sustitución de cultivos ilícitos

El Gobierno nacional emitió una nueva directiva que establece un marco para la sustitución de cultivos de uso ilícito. Esta iniciativa busca facilitar el tránsito de las comunidades hacia economías lícitas, promoviendo un enfoque integral que involucra a diversas entidades del Estado. La directiva se alinea con la política nacional de drogas 2023-2033, que enfatiza la necesidad de un compromiso coordinado para abordar el narcotráfico.

En este contexto, se creará un comité operativo que se reunirá mensualmente y estará compuesto por representantes de diferentes ministerios. La secretaría técnica del comité estará a cargo de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (DSCI). Este comité será responsable de formular acuerdos de sustitución que incluyan planes operativos específicos, adaptados a las realidades territoriales de las comunidades afectadas.

Los acuerdos de sustitución deberán contemplar la participación activa de las comunidades en su formulación, ejecución y monitoreo. Además, se buscará la acción multisectorial, garantizando que diferentes entidades del Gobierno nacional contribuyan de manera articulada al proceso de transición hacia economías legales y sostenibles. Esto incluye la coordinación con políticas públicas de otros sectores administrativos. (Lea: Amparan derechos de campesinos y comunidades étnicas por incumplimiento del Gobierno en sustitución de cultivos ilícitos)

Asimismo, se priorizará la inversión pública en proyectos que fortalezcan el tránsito hacia economías lícitas. Se exhorta a los ministerios a destinar al menos el 50 % de los recursos del fondo para la rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado (Frisco) a la implementación de estos acuerdos. Esta inversión se orientará a mejorar las condiciones de vida de las comunidades y a promover alternativas productivas sostenibles.

La directiva también establece la necesidad de incluir incentivos económicos, como acceso a créditos y subsidios, para facilitar la transición de las comunidades. Además, se buscará fortalecer las cadenas de valor que integren la comercialización de productos lícitos, facilitando el acceso de los agricultores a mercados tanto nacionales como internacionales.

Finalmente, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) será responsable de realizar un seguimiento a la inversión pública y a la implementación de las acciones contempladas en los acuerdos de sustitución. Se establecerán indicadores específicos para medir el impacto de estas políticas, asegurando la transparencia y efectividad de las inversiones realizadas en el proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito.

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