A través de un acuerdo se establecieron los criterios de intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) en los casos y procesos y la prestación del servicio de asesoría legal para las entidades del orden nacional y territorial.

Según el documento, la ANDJE asumirá discrecionalmente, en calidad de demandante, interviniente, apoderada o agente y en cualquier otra condición que prevea la ley la defensa jurídica de las entidades y organismos de la administración pública del orden nacional y territorial, y actuará como interviniente en aquellos procesos judiciales y arbitrales de cualquier tipo en los cuales estén involucrados los intereses de la Nación, de acuerdo con la relevancia y los siguientes criterios: (Lea: César Palomino será el nuevo director de la ANDJE).

i) La cuantía de las pretensiones, el interés o impacto patrimonial o fiscal de la demanda.

ii) El número de procesos similares.

iii) La reiteración de los fundamentos fácticos que dan origen al conflicto o de los aspectos jurídicos involucrados en el mismo.

iv) La materia u objetos propios del proceso y la trascendencia jurídica del proceso por la creación o modificación de un precedente jurisprudencial.

Así mismo, la Agencia deberá intervenir o coordinar la estrategia de defensa de manera obligatoria en los procesos que cumplan con una de las siguientes características:

i) Procesos judiciales contra entidades públicas con pretensiones superiores a 100.000 SMLMV que generen erogación.

ii) Procesos judiciales en los cuales las entidades actúen como demandante y formulen pretensiones superiores a 100.000 SMLMV.

iii) Procesos arbitrales con pretensiones superiores a 100.000 SMLMV.

iv) Procesos judiciales con hechos jurídicamente relevantes similares que acumulen el 4 % o más de la litigiosidad total en contra de las entidades públicas del orden nacional, entre otros.

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