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Crean más de 1.700 cargos en la Rama Judicial

Los nombramientos en las jurisdicciones contencioso administrativa y ordinaria se efectuarán de las correspondientes listas de elegibles vigentes.

Redacción legis

21 de Diciembre de 2022

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El Consejo Superior de la Judicatura realizó un proceso de identificación de las necesidades de fortalecimiento de la oferta judicial a nivel de tribunales y juzgados del país en las distintas jurisdicciones y especialidades, con el propósito de lograr la transición del nuevo régimen de competencias y la implementación de las reformas aprobadas en la Ley 2080 del 2021.

Luego de gestionar recursos ante el Ministerio de Hacienda, a través de tres acuerdos dispuso la creación de 269 despachos judiciales y 1.714 cargos para todas las jurisdicciones, que entrarán a regir el 11 de enero del 2023, entre los cuales hay 238 cargos permanentes de jueces y 31 de magistrados.

En la jurisdicción ordinaria se creó el distrito judicial de San José del Guaviare y un tribunal superior para atender esta zona, conformado con los circuitos de San José del Guaviare, Inírida (Guainía) y Mitú (Vaupés). Para esta jurisdicción, el Consejo Superior acordó la creación de 1.447 cargos para todas las especialidades (civil, familia, laboral, penal y promiscuos).

En el caso de la jurisdicción contencioso administrativa, se crearon nuevos juzgados administrativos en ciudades como Aguachica (Cesar), Arauca, Armenia, Buga (Valle), Facatativá (Cundinamarca), Medellín, Montería, Neiva, Ocaña (Norte de Santander), Quibdó, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Tumaco (Nariño), Turbo (Antioquia), Yopal y Bogotá.

Los acuerdos expedidos señalan que serán los consejos seccionales de la judicatura quienes garantizarán que la redistribución de procesos a los nuevos despachos no supere la carga promedio de los juzgados de cada circuito y/o sección, según corresponda, y se expidió la orden de crear unos cargos permanentes en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de unos despachos judiciales en las comisiones seccionales de disciplina judicial de Caquetá, Casanare, Chocó, Cundinamarca, Quindío y Risaralda, para garantizar la separación de las funciones de instrucción y juzgamiento en los procesos que se adelantan en cumplimiento del Código General Disciplinario.

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