Cámara aprueba proyecto para proteger a denunciantes de corrupción

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó, con 104 votos a favor, en segundo debate, el proyecto de ley 291/23C, conocido como ‘Ley Jorge Enrique Pizano’, que contiene medidas de protección para quienes denuncien actos de corrupción.  

No solo se trata de ofrecer seguridad física, también estabilidad profesional y bienestar sicosocial. El articulado plantea mecanismos de confidencialidad para los denunciantes, previene represalias laborales y personales y crea un Sistema unificado de protección a reportantes de actos de corrupción (SUPRAC), adscrito a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

El SUPRAC definiría las estrategias, procesos y procedimientos que garanticen el trámite efectivo de las solicitudes de protección de los denunciantes, hará recomendaciones sobre medidas de protección, fortalecería la caracterización de las prácticas corruptas y de las fallas en la arquitectura institucional que las permiten.

Según la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, “aquí no se está creando nada diferente a lo que plantea el bloque de derecho internacional frente a la necesidad de proteger a las personas, sobre todo, en un país donde la corrupción está en cada entidad. La corrupción mata, porque cuando se corrompe cada una de las estructuras se dejan de atender las necesidades básicas de un país”.

El proyecto redefinirá los criterios de priorización en la asignación de medidas de protección y dispone que el Ministerio del Trabajo brindará medidas cautelares de protección a los denunciantes cuando acrediten ser víctimas de retaliación por causa de la denuncia o reporte de posible corrupción.

Finalmente, se garantizará al denunciante indemnidad por cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena, perjuicio o cualquier reclamación judicial o extracontractual con indemnización de perjuicios. Aplicará a casos en los que el denunciante revele el contenido de documentos a los que tenga acceso lícitamente, como a aquellos en los que obtenga copias o los retire de los locales de la organización de la cual es trabajador, desconociendo cláusulas contractuales o de otro tipo que estipulen que los documentos son propiedad de la organización.

Descargue el articulado en la ponencia adjunta al final de esta noticia.  ​ 

Gracias por leernos. Si le gusta estar informado, suscríbase y acceda a todas nuestras noticias, con los datos identificadores y documentos sin límite.

Paute en Ámbito Jurídico. 

Siga nuestro canal en WhatsApp.