Pacto por la ética para el rescate del Derecho y la justicia

Carlos Mario Molina Betancur

Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público

Procuraduría General de la Nación

El pasado 30 de mayo, se llevó a cabo, en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, un importante evento para la comunidad jurídica de Colombia, con la suscripción del Pacto por la Ética para el Rescate del Derecho y la Justicia, entre el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, y un grupo destacado de representantes de las facultades de Derecho y de los colegios de abogados de todo el territorio nacional.

Como lo mencionó claramente en su discurso de instalación el Procurador General de la Nación, la firma de este Pacto era necesaria por el momento histórico que está viviendo nuestro país. Según él, nunca antes habíamos tenido una oportunidad tan clara de hacer una serie de planteamientos en una ocasión en la que la historia da la vuelta a la esquina: “Es el momento de recuperar la vigencia de tantos principios y valores que están quedando en entredicho, entre otras cosas, por el cambio de valores que ha ocurrido en Colombia en los últimos años y por el rol de convidados de piedra que hemos tenido, y es por ello que debemos hacer un mea culpa colectivo”.

Para el representante del Ministerio Público, estamos en una época de transformación social e institucional bajo el amparo de la Constitución de 1991, que ha sido el referente ético más importante, producto del consenso más sólido que se ha dado en la historia reciente de Colombia. Por ello, este Pacto tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de crear nuevos estándares para el ejercicio de la función pública.

La iniciativa del procurador Fernando Carrillo es clara: construir entre todos una propuesta de reforma a la justicia para llevarla al Congreso de la República y al nuevo Gobierno. Según sus palabras, “necesitamos una reforma a la justicia realista que emane de quienes somos protagonistas y responsables de este sector, que tenga en cuenta a los usuarios, que deje al lado la variable política que ha sido prácticamente el factor que ha sepultado las posibilidades de reforma en los últimos años en Colombia y que desarrolle los principios de la Constitución de 1991”.

Acuerdo sobre lo fundamental

Este Pacto sería el primer paso para iniciar un acuerdo sobre lo fundamental, que, para el proceso de paz que estamos tratando de cumplir, se resume en tres premisas fundamentales, conocidas como de las tres “D”: democracia, derechos y desarrollo, porque los elementos de esa trilogía van a ser los principios de una propuesta de reforma institucional. Todo lo anterior, en el marco de unos compromisos de carácter ético, en donde las obligaciones de rebasan, incluso, el contenido de las normas.

El Director del Ministerio Público resaltó la importancia del papel que tienen que jugar las facultades de Derecho, los directores de colegios de abogados, las escuelas judiciales, los representantes de la justicia y los estudiantes en este escenario transformación que necesita Colombia. Es decir, según su pensamiento, se debe poner en marcha el papel histórico de la función social del abogado, que tiene que ver con la ética y con el destino de las nuevas generaciones que se están formando. Y este punto es clave para entender el funcionamiento del Estado, enmarcado en el ámbito de la dignidad humana, de la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de la protección del medioambiente.

Para ello, el Procurador General de la Nación invitó a la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade), a los colegios de abogados, a los representantes de la justicia y al Instituto de Estudios del Ministerio Público a trabajar en un documento de 10 puntos, en el que se destaquen estos objetivos. Allí, hay que empezar por el referente ético de la Constitución Política de 1991, sobre una serie de males que siguen perpetuándose, como la desigualdad. Precisamente, por la no vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la violencia trata de entrar por otras puertas independientemente de la firma del Acuerdo de Paz, sin dejar de olvidar el tema de la corrupción, que parece atravesarse horizontalmente en la mayoría de las conductas del sector público y privado y, en especial, en la contratación pública.

Con estas palabras, se pudo establecer que un pacto de esta naturaleza debe ser un plan de acción con elementos que impulsen la educación cívica con los postulados fundamentales de una cultura de la legalidad en Colombia que, a su vez, propicie nuevas normas y/o comportamientos sociales, en donde el control social sea fundamental y complemento insustituible de las reformas legales.

Nuevas tecnologías y expediente judicial

En este escenario sería necesario impulsar, por ejemplo, las nuevas tecnologías de la información contra la corrupción, por la transparencia y por la necesidad de recuperar la credibilidad en el sistema de justicia. Y, para ello, se necesita hacer un llamado al sistema educativo como primer principio de ese Pacto. Según Carrillo, la educación legal es esencial para poder afrontar grandes reformas, porque es importante volver a los principios de mérito, de capacidad y de reconocimiento del talento humano para entrar a desempeñar cargos en la función pública y, sobre todo, en las designaciones de los más altos funcionarios del Poder Judicial: “El abogado debe ser el artífice de las reformas de la justicia que Colombia necesita”.

De otro lado, el procurador Fernando Carrillo hizo un llamado para la modernización tecnológica del sistema judicial. Dicho proyecto se ha intentado en otros países, para la implementación del expediente digital, una meta que todos juntos debemos lograr. Según el análisis del Director del Ministerio Público, se han invertido miles de millones de pesos, incluso de la cooperación internacional, en aras de modernizar el sistema de justicia, pero esto no ha tenido buenos resultados, simplemente porque previamente no se ha dado el paso relacionado con el cambio cultural, que va desde el primer hasta el quinto año de la carrera de Derecho y que tiene que ver con la implementación del sistema oral acompañado por la modernización tecnológica.

Por ello, se deben revisar temas como el perfil del abogado del futuro, cuáles son las materias en las que hay que enfatizar y cuáles son las prácticas jurídicas que debemos poner en marcha. Todo esto, además, en el marco de la reforma a la justicia.

Por último, el Procurador General de la Nación señaló que el Pacto es el escenario ideal para comenzar una discusión seria sobre la creación de los tribunales éticos, desde la investigación de la sanción y la necesidad de tener unos parámetros de carácter ético y unas instituciones que funcionen en ese campo. Según este funcionario, hay consenso en otros temas, como el de la necesidad de eliminar las funciones electorales de jueces de tribunales de las altas cortes, debate que también hay que darlo. Esto serviría de parámetro para realizar compromisos importantes en contra de la impunidad, la dilación, el retraso y la congestión de los despachos judiciales, lo que, finalmente, se convierte en los mayores cómplices de la impunidad.

Durante el evento, el procurador Fernando Carrillo aprovechó la ocasión para tomarle el juramento a la recién creada Federación de Colegios de Abogados de Colombia, que reúne a más de 28 colegios de abogados del país, con el liderazgo de su presidente, Gerardo Duque, y el apoyo de 80 facultades de Derecho asociadas a Acofade. Con este acuerdo, se inicia un verdadero compromiso por la reforma del Derecho, con el fin de mejorar la justicia de nuestro país, un cambio real que esperan todos los colombianos.