“La congestión del sistema de justicia será peor”

El coronavirus (covid-19) no solo genera riesgos operacionales, financieros y legales en las diferentes empresas, sino que, además, puede originar riesgos reputacionales relacionados con la forma como serán valoradas las corporaciones por sus grupos de interés (stakeholders), con ocasión de las decisiones que tomó o dejó de tomar en este contexto. Así lo considera Pamela Alarcón Arias, abogada experta en Derecho Penal Corporativo, quien también explica cómo se está manejando este tema en el mundo.

ÁMBITO JURÍDICO: En el ámbito empresarial, ¿cuáles son las conductas punibles que más se están cometiendo en contra de las corporaciones?

Pamela Alarcón Arias: A nivel mundial han aumentado los fraudes por suplantaciones de funcionarios de la Organización Mundial de la Salud, servidores públicos y fundaciones mediante el uso de correos electrónicos, llamadas telefónicas, sitios web, etcétera, en donde presuntamente se tratan temas relacionados con la pandemia y piden ayudas económicas. Para evitar esto, se recomienda verificar que el dominio del correo electrónico recibido corresponda al dominio oficial utilizado por esa entidad u organización en sus correos e identificar que los links recibidos inicien con la dirección del sitio web oficial de la entidad u organización indicada y nunca dar información de tarjetas de crédito y claves por teléfono, entre otras medidas.

Por otra parte, también se ha visto que debido al home-office, el personal de soporte tecnológico de las diferentes compañías ha tenido el reto de expandir sus redes privadas virtuales (VPN) y su capacidad de funcionamiento para dar abasto con la gran cantidad de demanda que supone el acceso de la mayoría del personal de la compañía de manera remota.

Así, mientras el personal de soporte tecnológico se encuentra ocupado manteniendo el correcto funcionamiento de las redes privadas virtuales corporativas, delincuentes informáticos se han dedicado a traspasar los bloqueos informáticos para sujetos no autorizados (firewalls) de estas redes privadas virtuales, y acceden ilegalmente a estas. Para ello, se recomienda alertar y capacitar a los usuarios sobre un aumento en las modalidades fraudulentas y capacitar al personal de soporte tecnológico para afrontar el crecimiento del uso de las redes privadas virtuales de manera remota, al tiempo que se enfocan en la seguridad de estas redes. Por último, los fraudes al consumidor (e-commerce) también se han incrementado.

Á. J.: ¿Qué otros impactos de riegos delictivos hay para las empresas con ocasión al covid-19?

P. A. A.: Todas las empresas nos hemos tenido que adaptar al aislamiento y, en este contexto, tratar de ser productivos y darle continuidad al negocio. Esto ha implicado adaptar nuestros procesos internos y, de alguna forma, flexibilizar las normas y políticas de cumplimiento (prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo) y los due diligence realizados a las contrapartes, entre otros, todo lo cual potencializa o crea nuevos riesgos para las empresas. Uno de ellos es la corrupción (privada y pública), que se refleja en pagos de proveedores a empleados para ser contratados y pagos de empleados a funcionarios, para tramitar permisos en el contexto del covid-19 y evitar sanciones y multas, entre otros.

Á. J.: ¿la justicia penal colombiana está capacitada para asumir los retos ocasionados por el covid-19?

P. A. A.: Aquí hay varias cuestiones para tener en cuenta. La primera, es que el sistema penal colombiano tiene serias deficiencias en recursos y capacitación de los funcionarios y a ello debe sumarse la congestión que viene ya desde hace varios años. En este sentido, los retos del covid-19 incluyen (igual que en el sector privado) una necesidad de inversión extraordinaria en tecnología y capacitación, de lo contrario, es muy difícil ser productivos.

Por otra parte, no todos los expedientes están digitalizados, por lo cual, pese a tener un sistema acusatorio de carácter oral, los fiscales necesitan los archivos físicos, lo que hace que se aplacen audiencias y eso genera mayores retrasos en el sistema de justicia. Por ahora, solo se están realizando audiencias virtuales en un limitado número de excepciones que están permitidas, por ello, si las medidas de aislamiento se prolongan sin que haya una medida específica para el funcionamiento del sistema de justicia, se va a generar una congestión aún peor.

Pamela Alarcón Arias

Estudios realizados: abogada y politóloga de la Universidad de Los Andes, magistra en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid (España) y especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca (España) y en Derecho Societario de la Universidad Javeriana.

Cargos desempeñados: socia de Forero Ramírez Abogados, asesora de la Vicefiscalía General de la Nación y docente universitaria.

Cargo actual: socia del Área Penal y Compliance de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, profesora titular de la Universidad del Rosario y de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Compliance en el curso de Corporate Governance y Compliance de la Universidad de los Andes.