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Actualizado hace 7 horas | ISSN: 2805-6396

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Especiales / En ejercicio


“Hay un gran futuro después de una maestría”

30 de Abril de 2021

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Según el abogado Gabriel Cifuentes Ghidini, cursar una maestría aumenta sustancialmente las capacidades de competir en el mercado laboral. A su juicio, además de fortalecer una red de contactos profesionales, de aprender a implementar instrumentos de análisis metodológico importantes y de abrir muchas puertas a nivel profesional y académico, el estudio de este tipo de posgrados resulta muy útil.

 

ÁMBITO JURÍDICO: Muchos piensan que la Maestría en Derecho está diseñada únicamente para quienes quieren dedicarse a la academia. ¿Cree que eso es acertado?

 

Gabriel Cifuentes Ghidini: No. Si bien la Maestría en Derecho ofrece un conjunto de herramientas para la investigación jurídica, estas resultan fundamentales para el ejercicio de la profesión, desde cualquier ámbito. Ya sea en el sector público o en el sector privado, contar con la solidez conceptual, tanto teórica como práctica que ofrece la maestría, así como también con el modelo de investigación y aplicación a casos reales de problemas jurídicos complejos, resulta muy útil. Yo he trabajado tanto en firma como en el sector público, en la Rama Judicial y en el Ejecutivo, y siempre he tenido que enfrentar problemas difíciles, que requieren de un marco metodológico de aproximación clara. Creo que el aprendizaje de dichos marcos lógicos es lo que más se destaca del programa de Maestría de Derecho en la Universidad de los Andes. 

 

Á. J: ¿Qué impacto ha tenido en su carrera profesional haber cursado una Maestría en Derecho?

 

G. C. G.: La Maestría en Derecho de la Universidad de los Andes me dejó tres cosas muy concretas. Primero, una serie de instrumentos de análisis metodológico importantes para enfrentar problemas jurídicos complejos. Ese conocimiento ha sido fundamental para el desarrollo de mis actividades profesionales. Segundo, una red de contactos invaluable. Mis compañeros y la planta profesoral han sido cruciales en diferentes momentos de mi desarrollo profesional. Con la mayoría de ellos sigo en contacto. Finalmente, la maestría me abrió muchas puertas a nivel profesional y académico. Creo que el reconocimiento que se ha ido ganando el programa con los años no solo se ve reflejado en la calidad de sus egresados, sino también en la forma como el mercado laboral absorbe a quienes se han graduado de la maestría. Creo que es un programa que aumenta sustancialmente las capacidades de competir en un mercado laboral tan cerrado como el colombiano. 

 

Á. J: ¿Qué retos genera una agenda de investigación constructiva? 

 

G. C. G.: Considero que la investigación ha sido equivocadamente entendida como un instrumento que solo tiene ventajas para quien se dedica a la academia. Soy y he sido profesor durante muchos años, pero me he desarrollado también en el sector público, ocupando cargos en el Ejecutivo y en la Rama Judicial. Y la base para la toma de decisiones en cada uno de esos cargos es tener claridad sobre el problema y los efectos y el alcance de las soluciones planteadas. Decidir con base en evidencia requiere, sin lugar a dudas, saber investigar. En ese orden de ideas, puedo decir, a partir de mi experiencia, que los métodos investigativos han resultado de gran utilidad y pertinencia, no solo en los procesos de formación académica y profesoral, sino también en un ámbito mucho más práctico, como el que se enfrenta en oficinas públicas o en las firmas de abogados. 

 

Á. J: ¿Por qué cree que más profesionales en Derecho deberían optar por inmiscuirse con el oficio de la investigación en Derecho? 

 

G. C. G.: Como lo señalaba anteriormente, la investigación hace parte integral del ejercicio profesional del Derecho. Tanto para quien lo ejerce en los estrados judiciales, como para los consultores, los académicos o los funcionarios públicos. Un abogado, por definición, investiga. El mayor reto es saber identificar, con claridad, el problema jurídico y hallar los conceptos e instituciones jurídicas aplicables. Ese silogismo constante al que se ve enfrentado el abogado exige saber investigar. Y saber investigar requiere de método y de una serie de instrumentos y técnicas. Es preciso añadir que en la pregunta hay un sesgo que se debe corregir. No creo que haya abogados que se dediquen al oficio de la investigación en Derecho y otros que no lo hagan. Creo que, en principio, todos los abogados que ejercen la profesión deberían estar familiarizados con dicho oficio. Claro está, hay matices y aplicaciones particulares en cada ámbito profesional. No debería ser, entonces, solo un privilegio o exclusividad de los académicos, sino, en general, de todos los abogados. No se imagina lo mucho que sirve, para cualquier ámbito en donde se ejerza la profesión, saber investigar e investigar bien. 

 

Á. J: ¿Qué importancia cree que cobra la investigación en Derecho en la era poscovid? 

 

G. C. G.: Bueno, los retos después de la pandemia serán inmensos, desde todo punto de vista. La sociedad va a tener que aprender a convivir no solo con sus efectos económicos y sociales que nos acompañarán durante mucho tiempo, sino también con los innumerables problemas y conflictos jurídicos que ya se comienzan a asomar en el panorama. Quienes se dedican a la academia tendrán una gran tarea en entender, desde un punto de vista teórico, los retos para el ejercicio de la profesión. En el sector privado, litigantes y consultores tendrán que direccionar todos sus esfuerzos para dirimir las controversias que se han gestado durante la pandemia a favor de sus clientes. Y desde el sector público ¡vaya reto el que se tiene! Los abogados deberán contribuir a la asimilación institucional del golpe que generó, más de un año y medio de encierro, medidas reglamentarias excepcionales, limitación de derechos, crisis fiscal, en fin.

 

Gabriel Cifuentes Ghidini

 

Estudios realizados: es abogado y magíster de la Universidad de los Andes, magíster en Administración Pública de la Universidad de Harvard (EE UU), magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Nueva York (EE UU) y Doctor en Derecho Penal de la Universidad Roma (Italia).

 

Cargos desempeñados: Secretario de Transparencia de la Presidencia de la República; Director de Justicia, Seguridad y Gobierno del Departamento Nacional de Planeación; asesor del Fiscal General de la Nación; Director de Gestión Interinstitucional de la Unidad de Víctimas; abogado de la Corte Constitucional; abogado de la firma Volterra-Fietta en Londres; IVP Corte Penal Internacional.

 

Ocupación actual: profesor de Derecho de la Universidad del Norte (Barranquilla) y columnista del diario El Tiempo.

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