“El impuesto al patrimonio que propone el Gobierno desincentivaría la formación de ‘startups’”

Según Andrea Rojas Rozo, abogada experta en materia de innovación legal, para desarrollar productos o servicios las startups necesitan recursos, considerando que el componente de innovación y tecnología es alto. Por eso, considera que el impuesto al patrimonio planteado en la reforma tributaria presentada por el Gobierno puede afectar a quienes han decidido o deciden emprender en estos modelos de negocio.

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cree que el futuro del Derecho se encuentra ligado a la tecnología?

Andrea Rojas Rozo: Sin duda alguna, y agregaría, además, que esa relación puede derivar en muchísimos beneficios para el ejercicio de nuestra profesión. Todos los días surgen distintas soluciones tecnológicas que agregan valor al Derecho, no solo para los abogados, sino también para los clientes y los usuarios de los servicios legales, porque generan soluciones a las distintas necesidades que en el día a día vemos en todos los ámbitos del Derecho. Desde las firmas más grandes hasta las prácticas más pequeñas, al igual que las entidades y los despachos judiciales, pueden sacar provecho de estas herramientas.

Á. J.: ¿Cuál es el impacto que genera esa intersección?

A. R. R.: El impacto positivo de esa intersección puede verse de dos maneras. La primera es con la creación y el uso de soluciones que nos ayudan a prestar servicios legales y allí hay herramientas de todos los tipos. Estas nos permiten, entre otros aspectos, comunicarnos más rápido con nuestros clientes, analizar mejor la información que estamos revisando o, incluso, hacer más llevaderas las tareas administrativas de las que no nos podemos escapar. Un ejemplo de esto último es el CRM legal o herramientas de facturación, que automatizan algunas de las tareas que ocupan más tiempo y son menos productivas en nuestra actividad. En todo caso, es indispensable que siempre que se analice esta intersección entre Derecho y tecnología se parta de la premisa que la tecnología es una herramienta. De ahí que la adopción de nuevas herramientas tecnológicas a nivel organizacional, de práctica, o incluso individual, sea distinta en todos los ámbitos y debe responder a una necesidad específica plenamente identificada.

Á. J.: ¿Y la segunda?

A. R. R.: La segunda manera en que la tecnología seguirá impactando al Derecho es en la forma en que nuestros clientes y usuarios están consumiendo estos servicios legales. El uso de la tecnología está permitiendo que, como abogados, podamos llegar a más usuarios, gracias a un cambio en la forma en la que vemos los servicios que prestamos. Se trata de herramientas que nos permiten agregar valor a muchas personas, mediante productos legales estandarizados, incluso productivizados, y que resuelven una necesidad legal sin requerir una solución hecha a la medida.

La clave, en cualquiera de los dos escenarios, es que los profesionales que ya estamos en ejercicio, y los que están en formación, seamos conscientes de estos cambios y seamos capaces de asimilarlos.

Á. J.: ¿Cómo afecta el avance tecnológico a los abogados y cómo deben enfrentarlo?

A. R. R.: Al igual que debemos permanecer al tanto de todos los cambios que afectan a nuestras áreas de especialización, bien sea en la academia o en el ejercicio de nuestra profesión como abogados, también es importante que entendamos todo lo que puede afectar a nuestra industria. Con el paso del tiempo, estas herramientas seguirán incorporándose cada vez más en nuestra profesión y dentro de las competencias que debemos desarrollar como abogados está el comprender cómo funcionan y, sobre todo, cuál es la herramienta más apropiada en cada caso. El uso de la tecnología debe estar acompañado también de un cambio cultural que, si bien es un proceso más lento, es la manera en la que las organizaciones y los individuos pueden asimilar estas herramientas de forma exitosa. La adopción de la tecnología no debe seguir una tendencia, sino que debe ser el resultado de un verdadero proceso en el que se analicen críticamente las necesidades por resolver y qué se necesita para crear e implementar una solución integral. A manera de ejemplo, al lado de la digitalización de la información, del uso de aplicaciones e, incluso, de las distintas herramientas para gestionar el conocimiento o información confidencial, deben implementarse prácticas de ciberseguridad. Deben siempre ir de la mano.

Á. J.: Actualmente, hay una discusión en torno al impuesto al patrimonio que propone el Gobierno en la reforma tributaria. ¿Por qué ese aspecto ha generado tanta inquietud entre los emprendedores de ‘startups’? 

A. R. R.:  Porque este impuesto desincentivaría la formación de startups en Colombia y la inversión en ellas. Esto se debe a la naturaleza de estos emprendimientos y de cómo se van comportando a lo largo del tiempo mientras desarrollan su idea. Partiendo de la definición de Eric Reis, las startups son “organizaciones humanas que ofrecen un nuevo producto o servicio en un entorno de alta incertidumbre”. Además, tienen potencial para escalar, crecer y llegar a un volumen importante de usuarios que se benefician de sus productos o servicios. Para desarrollar estos productos o servicios, las startups necesitan recursos, precisamente, porque el componente de innovación y tecnología es alto y, para ello, deben contar con un buen equipo y buenas herramientas. En etapas tempranas, estos recursos pueden provenir de fuentes propias del emprendedor, los cuales son usualmente limitados o de personas cercanas como familia y amigos. De ahí que se denomine friends, family and fools. En este punto se busca encender motores y financiar esos primeros esfuerzos para concretar la idea, hablar con los usuarios, prototipar y replantear lo que sea necesario para mejorar la idea inicial. Más adelante, y con el fin de seguir escalando, buscan a terceros que no solo creen en las ideas, en el equipo de la startup, en el potencial del producto y en la innovación del producto o servicio, sino que adicionalmente entienden la incertidumbre de este tipo de proyectos. Estos terceros pueden ser ángeles inversionistas o ser recursos provenientes de venture capital. Lo crítico acá es entender que estas inversiones no enriquecen al emprendedor y menos al inversionista que apuesta por el proyecto. Tienen un propósito muy específico, que es llegar a nuevos usuarios, implementar tecnología y contratar el talento necesario sin el cual no podrían seguir desarrollando su negocio.

Á. J.: ¿Entonces también desincentiva la inversión?

A. R. R.: Si revisamos esa ruta que típicamente siguen las startups, estos inversionistas generalmente ven un retorno a su inversión cuando se reciben inversiones posteriores o, incluso, mucho después cuando se vende la compañía. Por ello, si además del riesgo que asumen deben contemplar un impuesto adicional, sería natural que lo pensaran dos veces antes de invertir en este tipo de compañías y busquen negocios en los que el retorno se reciba rápidamente o escenarios en donde la carga tributaria sea menor. Allí es donde la reforma planteada generaría un desincentivo doble: para el emprendedor innovador, que busca salir con un nuevo producto o servicio y desarrollarlo, y para el inversionista. Esta es la razón por la que se ha discutido el impuesto planteado.

Á. J.: ¿Cómo puede afectar esto al ecosistema de innovación en Colombia?

A. R. R.: También puede tener un impacto negativo, pues se estaría desincentivando uno de los medios más importantes para innovar. De acuerdo con el último Índice Global de Innovación, que corresponde al año 2021 y fue publicado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Colombia se encuentra en el puesto 67 de 132 y en el puesto 6 a nivel regional, es decir, Latinoamérica. En el subíndice en que se obtuvo el puesto más alto es en relación con la sofisticación del mercado, que fue el puesto 42, pero en cuanto a resultados innovadores ocupamos el puesto 72 (resultados de conocimiento y tecnología) y el puesto 82 (resultados creativos). Las startups juegan un papel muy importante en estos dos últimos puestos, pues ellas impulsan la creación de productos y servicios innovadores y, por ello, es necesario considerar cuidadosamente el gravamen propuesto y quizás pensar en incentivos que las ayuden a seguir empleando talento colombiano, joven y creativo, como un motor de desarrollo para el país.

Andrea Rojas Rozo

Es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana. Cuenta con varios años de experiencia como abogada en comercio exterior y cambios internacionales. Es exbecaria Fulbright de la beca Ruta de la Innovación Fulrbight–iNNpulsa, con la cual estudió un LL.M en Duke University School of Law (EE UU). Allí se enfocó en innovación legal, emprendimiento y tecnología. Tras graduarse, se desempeñó como Fellow del Duke Center on Law and Tech. Actualmente está enfocada en la academia, y es profesora y conferencista en distintas universidades del país. Es miembro de la Asociación Colombiana de Legal Tech.