Jair Samir Corpus Vanegas: “El Gobierno no conoce la realidad de San Andrés”

A pesar de que el artículo 310 de la Constitución creó un régimen especial para el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aún existen tropiezos para que las disposiciones que lo desarrollaron se cumplan a cabalidad.

 

Así lo cree el abogado Jair Samir Corpus Vanegas, el primer magistrado raizal del Tribunal Superior de San Andrés. En su opinión, el país aún no comprende las necesidades que tiene ese territorio, para que sus habitantes vivan con dignidad, accedan a las fuentes de empleo y se proteja el medioambiente.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Qué opina sobre el desarrollo del artículo 310 de la Constitución?

 

Jair Samir Corpus Vanegas: Se han expedido muchas disposiciones especiales en materia fiscal, administrativa y de control poblacional, pero el problema ha sido el desarrollo práctico. Existen demasiados tropiezos para que esta legislación especial cumpla con sus objetivos e, incluso, con los avances jurisprudenciales relacionados con el tema.

 

Á. J.: ¿Qué dificultades identifica?

 

J. S. C. V.: Por ejemplo, el tema del control poblacional ha tenido un desarrollo parcial, en la medida en que se han creado normas que restringen el ingreso, protegen parcialmente la contratación de mano de obra y buscan el respeto de la identidad lingüística, pero muchas de ellas les dan un trato especial, tanto a los residentes permanentes del departamento como a las personas que vienen del interior del país. Entonces, se crea una especie de tensión entre los derechos de unos y otros, que se soluciona, normalmente, a través de tutelas, las cuales, en su mayoría, las conocen los jueces del interior del país y las cortes Suprema o Constitucional. Así, muchas veces, la interpretación que se les da a las disposiciones especiales de San Andrés no está acorde con el artículo 310 superior.

 

Á. J.: ¿Y qué soluciones vislumbra?

 

J. S. C. V.: En primer lugar, hay que conocer cuáles son las necesidades que existen en San Andrés en materia de respeto de derechos fundamentales. Si entendemos eso, se deben desarrollar criterios jurisprudenciales para que esos derechos tengan aplicabilidad y se respeten de acuerdo con las necesidades del departamento. Por ejemplo, el derecho al trabajo tiene una limitación muy clara, pues para laborar allí, se debe hablar inglés y ser residente. Esta disposición se creó con el fin de que los residentes tuvieran acceso a las pocas fuentes de empleo y se respetara la expresión lingüística de la comunidad. En la práctica, es posible que personas del interior accedan a las fuentes de empleo sin cumplir estos requisitos.

 

Á. J.: ¿Cómo es el ejercicio del Derecho en las islas y la formación de los abogados?

 

J. S. C. V.: La formación de los abogados en San Andrés es bastante exigente desde el punto de vista de las oportunidades. No existen programas de Derecho, razón por la cual quien quiere esa formación debe abandonar la isla e ingresar a las universidades del interior. Eso demanda un esfuerzo grande en materia de recursos y de tiempo, a tal punto que a un sanandresano esa carrera le cuesta más del doble que a una persona del interior. En cuanto a la aprehensión de conocimientos, San Andrés tiene un potencial grande en materia de abogados, porque los egresados son de las universidades del interior o extranjeras.

 

Á. J.: ¿Se requiere una facultad de Derecho?

 

J. S. C. V.: San Andrés está bastante saturado de abogados. Tiene un número significativo en relación con la necesidad del servicio, a pesar de que no existe una facultad de Derecho, pero hay muchos que se formaron en el interior del país. En una población de 80.000 habitantes, cerca de 400 abogados es un número alto. Sin embargo, lo que sí se requiere son más especialistas. En temas tributarios, de seguridad social, de contratación pública, entre otros, hay muy pocos profesionales.

 

Á. J.: En su opinión, ¿cómo funciona la administración de justicia en San Andrés? ¿Hay congestión? ¿Existe suficiente infraestructura? ¿Se facilita o no el acceso?

 

J. S. C. V.: Cuando estuve en el tribunal superior, no había problemas de congestión, pero el trabajo y la carga laboral son las justas, pues, en promedio, se reciben alrededor de 450 procesos anuales. Frente a la infraestructura, aunque no es la mejor, es adecuada, en comparación con otras regiones del país. Lo que hace falta es mejorar en materia administrativa, pues San Andrés no tiene un consejo seccional, dependemos de Cartagena, ni una dirección ejecutiva, dependemos de Bogotá, lo cual incide en muchos problemas.

 

Á. J.: Frente al fallo de la Haya que dirimió el litigio con Nicaragua, ¿cuál cree que es la salida más indicada?

 

J. S. C. V.: Ese es un tema más político que jurídico. En lo que corresponde a lo jurídico, creo que el Gobierno tiene la obligación de pensar en una política de Estado para brindarles a todos los territorios de la periferia del país, no solo a San Andrés, una mayor atención en materia administrativa y política. Somos un territorio que limita con siete países, y nunca ha habido políticas a largo plazo.

 

Por ejemplo, el departamento podría servir como un puente y un enlace importante con los países de Centroamérica. En un momento propuse que se convirtiera en una especie de centro de judicial a nivel internacional, pues, gracias a nuestra infraestructura y a que la mayoría de los jueces son bilingües, se podrían atender todos los conflictos derivados de tratados de libre comercio. Esas son cosas que le pueden servir a la isla. No se necesita invertir plata por invertir, sino pensar en ideas que presten un servicio y que le dejen algo al departamento.

 

Á. J.: ¿Las decisiones del Gobierno no han sido totalmente acertadas?

 

J. S. C. V.: Le respondo más como sanandresano, que como abogado: creo que no son las políticas más adecuadas, debido a que el Gobierno tampoco conoce la realidad del departamento.

 

Á. J.: ¿Qué tanto se afecta el departamento con la inexequibilidad reciente de las normas tributarias que le otorgaban beneficios?

 

J. S. C. V.: Se va a afectar un poco, pues el tema tributario ha sido de gran ayuda. San Andrés siempre ha tenido excepciones en materia tributaria, precisamente por las condiciones de insularidad y del tema de superpoblación, por ejemplo, no hay IVA. Todas esas arandelas, por pequeñas que parezcan, le ayudan a la población, pues el costo de vida es supremamente alto: con un salario mínimo no se alcanza a pagar un arriendo. Aunque no son las soluciones más adecuadas, el tema impositivo sí es de gran utilidad.

 

 

Jair Samir Corpus Vanegas

 

Estudios realizados: abogado de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia.

 

Cargos ocupados: docente de la Universidad Santo Tomás sede San Andrés Islas, juez pionero en oralidad laboral, magistrado y presidente de la Sala Única de Decisión del Tribunal Superior de San Andrés y Providencia Islas y magistrado de la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Barranquilla.

 

Ocupación actual: magistrado de la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior de Medellín.