“Hoy, el principal problema de la justicia es la congestión”

En diciembre del año pasado, Gabriel Andrés Moreno Castañeda, juez sexto penal municipal con función de control de garantías de Bucaramanga, fue distinguido con la condecoración José Ignacio de Márquez al mérito judicial en la categoría plata.

Moreno conversó con ÁMBITO JURÍDICO sobre este reconocimiento y las necesidades de la Rama Judicial en materia penal, entre otros temas.

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo surge su cercanía con el derecho penal y su pasión por estudiar esta rama del Derecho?

Gabriel Andrés Moreno Castañeda: Mi cercanía con el derecho penal surge desde muy niño (hacia los ocho años), pues un tío materno estudiaba Derecho y en vacaciones llegaba de visita; en una de esas ocasiones leía acerca de causales eximentes de responsabilidad, específicamente, el típico caso del naufragio, en el que dos sobrevivientes pelean por el único madero que los puede sostener a flote hasta que uno causa la muerte al otro; él me cuestionaba sobre la responsabilidad penal de quien terminó con vida y trataba de explicarme por qué no debía ser condenado pese al resultado muerte que causó. Ese fue mi primer acercamiento con el derecho penal y ahora creo que desde esa época no pude desprenderme.  

Á. J.: ¿Cuál es el profesional o maestro del Derecho que ha sido su fuente de inspiración en esta área jurídica?

G. A. M. C.: Mi mentor y maestro es el doctor Juan Carlos Diettes Luna, quien me dio la oportunidad de iniciar la judicatura en la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, pues, además de lo que jurídicamente aprendí a su lado y que, sin duda, me trajo hasta acá, logró infundir en mí un respeto absoluto por la Rama Judicial, amor por la institución y por esta vocación de administrar justicia desde la imparcialidad, el conocimiento, la justicia, la equidad, la autonomía y la independencia, en el marco del Estado social y democrático de derecho.

Él me hizo entender desde muy temprano la dignidad que representa la toga y el orgullo de portarla; también, que el juez es la última barrera de contención frente a la injusticia y la anarquía, por eso su deber no puede centrarse en generar la decisión más popular, sino la más justa, de conformidad con el marco legal establecido.

Á. J.: ¿Por qué considera que fue reconocido recientemente en los premios José Ignacio de Márquez al mérito judicial?

G. A. M. C.: La condecoración José Ignacio de Márquez resalta las virtudes y servicios de funcionarios y empleados de la Rama Judicial que desempeñan su labor con compromiso, dedicación y entrega, contribuyendo a la administración de justicia efectiva al servicio de la ciudadanía.

En mi caso, la Rama Judicial ha sido la institución que me acogió desde la judicatura. Tuve la fortuna de trabajar en lo que me apasiona, he transitado por varios cargos hasta lograr posicionarme en propiedad, primero como empleado y luego como juez, siempre con la convicción de prestar el servicio de administrar justicia de la mejor manera posible, con imparcialidad, conocimiento, independencia y responsabilidad, para devolver a la institución que me acogió y a la ciudadanía el orgullo que representa portar la toga. Trabajo constantemente por encontrar la solución justa y conforme a derecho para los problemas jurídicos que están bajo mi competencia, junto al equipo de servidores que me acompaña a quienes he tratado de trasmitir, no solo la responsabilidad que tenemos, sino lo afortunados que somos.

Ahora bien, el galardón deviene del análisis de criterios objetivos como la calificación de servicios y el porcentaje de evacuación de tareas del despacho; se premia el compromiso, la dedicación y entrega a la administración de justicia. Para mí es la reafirmación de la promesa que hice desde el inicio de esta travesía, prestar el mejor servicio posible, no solo desde el conocimiento, sino también desde lo humano, desde los valores y la dignidad que representa ser juez de la República.   

Á. J.: ¿El ejercicio profesional en la Rama Judicial fue la opción más acertada que pudo tomar?

G. A. M. C.: Considero que sí, trabajar en la Rama Judicial es una vocación, es el lugar en el mundo en el que me siento pleno para desarrollar mi profesión y Dios me permitió desempeñarlo; creo que he sido muy afortunado, porque puedo decir que trabajo en algo de lo que me enamoré desde muy niño, que me apasiona y que, con aciertos y errores, trato de hacerlo lo mejor posible, porque comprendo la responsabilidad que tengo con la sociedad y los actores del proceso penal. 

Á. J.: ¿Qué necesidades judiciales cree que son prioritarias y deberían ser abordadas prontamente por la administración de justicia, para mejorar su funcionamiento?

G. A. M. C.: Hoy, el principal problema de la justicia es la congestión judicial que conlleva a que múltiples casos no terminen con decisiones de fondo, lo que se traduce en impunidad. La respuesta de la justicia debe ser célere y efectiva.

Una de las razones principales en materia penal, en mi parecer, es la finalidad del procedimiento implementado mediante la Ley 906 de 2004 que pretendía que un porcentaje muy inferior al actual terminara en juicio. Eso no se está cumpliendo y, por tanto, para que la situación se invierta, es necesario dinamizar los mecanismos premiales y los de terminación anticipada del proceso.

Así las cosas, la última propuesta presentada por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Justicia y el Derecho, como integrantes de la Comisión Asesora para la Reforma a la Justicia, tiene precisamente el norte que mencioné, es decir, fortalecer la justicia premial, mayor eficacia en la aplicación del principio de oportunidad e instaurar –como venía decantando la jurisprudencia– la indemnización integral como una forma para culminar el proceso –en casos reglados–. Con lo anterior podría reducirse el número de procesos en juicio y, a la par, aumentarse el número de casos que terminen de forma anticipada. De esta forma, el funcionario judicial tendría más tiempo para dedicarlo al trámite de los primeros, todo lo cual reduciría la congestión judicial y cerraría la brecha de la impunidad. 

Á. J.: Desde su rol como docente, ¿qué enseñanza le gustaría transmitirles a sus estudiantes que ven en el derecho penal una opción de crecimiento profesional?

G. A. M. C.: Que se apasionen con su estudio, que indaguen y controviertan, no hay nada mejor que dedicarse a hacer lo que a uno le apasiona. Que no teman preguntar e incluso equivocarse, el derecho penal y procesal penal es un libro del que no se ha escrito su final.

Á. J.: ¿Sigue siendo la alta carga laboral una característica generalizada en los juzgados y diferentes instancias de la justicia penal?

G. A. M. C.: Sí, como lo expuse, es uno de los principales problemas actuales en todas las instancias de la justicia penal. En el Distrito Judicial al que pertenezco considero que, especialmente los jueces de categoría circuito, ejecución de penas y la magistratura, asumen una carga que sobrepasa la capacidad de respuesta del recurso humano.

Ahora bien, aunque a nivel municipal la situación puede ser menos grave en algunos despachos, lo cierto es que, comoquiera que de conformidad con el artículo 292 del Código de Procedimiento Penal, la prescripción de la acción penal se interrumpe con la formulación de imputación, corriendo de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal, sin que pueda ser inferior a tres años, respecto de los delitos de competencia de los juzgados municipales, los términos de prescripción de la acción penal son mucho más cortos, lo cual implica una carga adicional.

Gabriel Andrés Moreno Castañeda

Es abogado y especialista en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y magíster en Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Su ejercicio profesional ha estado vinculado a la Rama Judicial, en donde ha desempeñado cargos como auxiliar judicial y juez de ejecución de penas. Hoy, trabaja como juez sexto penal municipal con función de control de garantías de Bucaramanga.

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