A pesar de que uno de los pilares del sistema penal acusatorio (SPA) es la denominada “igualdad de armas”, existen serios obstáculos que deben sortear los defensores públicos para estar al mismo nivel de la fiscalía.

El abogado Gerardo Duque Gómez ha buscado, desde su experiencia como defensor, mejorar las condiciones laborales que hoy tienen sus colegas para el ejercicio de sus funciones.

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Es necesario reformar las leyes 24 de 1992 y 941 del 2005, que regularon el trabajo y la remuneración de los defensores públicos?

Gerardo Duque Gómez: Se está exigiendo una remuneración por honorarios dignos, con aplicación del criterio de igualdad respecto de jueces y fiscales, y con fundamento en la proporcionalidad y la equidad. Un juez de circuito o fiscal seccional hoy devenga, aproximadamente, ocho millones pesos mensuales, sin tener en cuenta las prestaciones sociales. En cambio, un defensor público gana cuatro millones, por concepto de honorarios, no cuenta con prestaciones sociales ni vacaciones y tiene que pagar de su propio peculio la seguridad social, retención en la fuente, transporte, papelería y, en ocasiones, subsidiar a los detenidos, entre otros gastos.

Á. J.: Pero, por ser contratistas, los defensores pueden laborar en otras actividades. ¿Esto es posible?

G. D. G.: Lo que resulta inconcebible, desde el punto de vista de la naturaleza del contrato de prestación de servicios, es que la carga de trabajo sea tan alta, que el defensor público se convierta en un empleado de tiempo completo. Así, se está configurando un contrato realidad, disfrazado con una modalidad de contratación irregular que no se debería presentar en nuestro Estado de derecho. La Corte Constitucional se ha referido ampliamente sobre la tercerización en la administración pública, en sentencias como la C-614 del 2009, en la que señaló: “… la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución...”.

Á. J.: Desde hace años, ustedes han pedido mejoras económicas y aumentar la planta de defensores. ¿Han recibido respuestas positivas por parte del Ejecutivo?

G. D. G.: Sí, en los últimos años, se ha incrementado el número de defensores públicos: están operando, aproximadamente, 4.200 en todo el país. Sin embargo, es necesario aumentar aún más, para tener una cobertura nacional, además de una remuneración digna que permita el equilibrio entre los demás operadores de justicia.

Á. J.: ¿Existe la “igualdad de armas” en el SPA?

G. D. G.: No, en el SPA no existe igualdad de armas. Mientras la fiscalía cuenta con una estructura mayor, con el apoyo de investigadores (CTI), de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los defensores públicos no tienen esa posibilidad, lo que limita una defensa técnica efectiva, que afecta directamente al ciudadano de a pie.

Á. J.: En materia de presupuesto, ¿es la defensoría pública la “cenicienta” de todos los actores que intervienen en el SPA?

G. D. G.: Sí, al tiempo que los otros operadores de justicia, como la fiscalía y los jueces, pertenecen a la Rama Judicial y son vinculados como funcionarios de planta con todas las garantías salariales y prestacionales, los defensores públicos tienen contrato de prestación de servicios, sin las garantías de estabilidad laboral, lo que genera desigualdad. Adicionalmente, los jueces y fiscales aplazan las audiencias con facilidad, mientras que los defensores públicos son subordinados en el SPA, teniendo que justificar su inasistencia a las audiencias, con el agravante de que les compulsan copias para ser investigados.

Á. J.: ¿Hay que reformar el papel del Ministerio Público en el SPA y fortalecer, en cambio, la defensoría pública?

G. D. G.: Considero que se le debe dar más protagonismo a la defensa pública en Colombia. Sin la presencia de un defensor, no hay justicia. Hay que fortalecer su papel, con un presupuesto robusto que permita una defensa técnica efectiva que garantice el desarrollo de un proceso en igualdad de condiciones y que se le dé un trato digno en el SPA, cuando ejerce su rol constitucional del derecho a ejercer una defensa técnica efectiva en beneficio de su cliente o la persona privada de la libertad.

Á. J.: ¿Y qué necesidades tienen los defensores públicos en materias no penales, como laboral, civil y de familia?

G. D. G.: Los defensores públicos en general requieren la independencia y autonomía como institución. En otros países, la defensa pública es independiente de la Defensoría del Pueblo. Eso permitiría tener instalaciones adecuadas, oficinas en las cárceles dotadas logísticamente, contar con unidades de investigación y laboratorios forenses, con el fin de garantizar a la ciudadanía una defensa muy profesional que beneficie a la comunidad menos favorecida, que pide una justicia real y efectiva.

Gerardo Duque Gómez

Estudios realizados: es abogado y especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Autónoma de Bogotá y tiene una especialización en Derecho Público en la Universidad Republicana de Bogotá.

Cargos desempeñados: fue asesor jurídico de la Alcaldía Local de Usaquén (Bogotá), del Concejo de Bogotá y del Instituto para la Economía Social (IPES) y defensor público.

Cargo actual: conferencista en materia de propiedad horizontal y Presidente del Colegio Nacional de Defensores Públicos de Colombia.