“Hay que acabar los estereotipos en el sistema judicial al fallar casos de violencia sexual”

Ha transcurrido un año desde que la Corte Constitucional profirió la histórica Sentencia C-055 del 2022, en la que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. En respuesta, el Ministerio de Salud expidió, este año, la Resolución 051, que regula la atención integral del procedimiento, lo que ha permitido que Colombia se encuentre a la vanguardia en materia de protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Sin embargo, hay problemas que, pese a la regulación, no han sido superados, como ocurre con el embarazo adolescente, producto de una agresión sexual. Alejandra Coll Agudelo, experta en estudios de género, visibiliza esta situación y explica cuáles son los principales obstáculos que persisten.

ÁMBITO JURÍDICO: ¿De qué manera la Resolución 051 del 2023 beneficia a las niñas y adolescentes que se encuentran en estado de embarazo, como consecuencia de abusos y hechos violentos?

Alejandra Coll Agudelo: Esta resolución es muy importante porque hace llegar al sistema de salud lo que dijo la Corte Constitucional, hace un año, al despenalizar el aborto hasta la semana 24. El Centro de Derechos Reproductivos forma parte de una campaña latinoamericana que se llama “Niñas, no madres”, la cual busca que las niñas víctimas de violencia sexual tengan acceso a protocolos de atención, lo que incluye el acceso a procedimientos de salud sexual reproductiva, como el aborto, si así corresponde y si así lo quieren. Esta resolución va a facilitar que se concrete que estas menores, eventualmente, puedan acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, si lo desean, sin el requisito de la denuncia, que operaba en el marco de la Sentencia C-355 del 2006. Igualmente, creo que su importancia radica en que clarifica algo que ya había dicho la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y es que la voluntad en las menores de edad también es importante a la hora de acceder a ese tipo de procedimientos, y no solo la de sus representantes.

Á. J.: ¿La definición jurídica del concepto de salud en América Latina y el Caribe ha sido un obstáculo para reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y adolescentes que resultan embarazadas?

A. C. A.: Creo que en nuestro continente tenemos definiciones claras sobre el derecho a la salud, previstas por la Organización Panamericana de la Salud, por la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Todos esos órganos tienen unos lineamientos supremamente claros, sobre varios temas relacionados con salud sexual y reproductiva, que, además, tienen unos apartados especiales para niñas y adolescentes. Lo que hace falta es que nuestros Estados se tomen en serio sus obligaciones y que no los vean solo como recomendaciones, sino como verdaderos lineamientos a seguir, como, por ejemplo, los de la OMS en relación con el aborto, que salieron en el año 2022, y son de mucha utilidad, porque allí se manifiesta, con claridad, que los Estados deben, de manera inmediata, empezar un abordaje desde la salud en relación al aborto y no desde el Derecho Penal. De hecho, la OMS ha sido clara en que la criminalización del aborto simplemente afecta a las mujeres y niñas más vulnerables, al pedirles requisitos que no pueden cumplir y las lleva a embarazos y partos forzados.

Á. J.: ¿Qué tipo de derechos se vulneran a una niña o adolescente que queda en estado de embarazo tras una agresión sexual y por qué esa responsabilidad se le puede atribuir al Estado?

A. C. A.: Yo creo que el principal derecho que se le vulnera a una niña que obligan a llevar a término una gestación producto de violencia sexual es la dignidad humana, así como la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo y proyecto de vida. Pero, también, está involucrada la integridad física y mental de las niñas. En algunas ocasiones, incluso, se vulnera el derecho a la educación, cuando son expulsadas de las instituciones académicas o cuando no se les dan garantías para que puedan continuar su proceso educativo; también se pueden afectar derechos económicos sociales y culturales, como cuando no tienen acceso pleno a la salud o a la anticoncepción de emergencia en las siguientes horas a la violación sexual o al hecho de violencia sexual que han vivido. Hay una multiplicidad de derechos que se están vulnerando las víctimas de violencia sexual menores de edad y, por eso, existen campañas como “Niñas, no madres”, que buscan visibilizar esto y exigir de los Estados acciones contundentes. Esta es la razón por la que estamos llevando ante el Sistema Universal de Derechos Humanos, en conjunto con otras organizaciones, cuatro casos ocurridos en Ecuador, Guatemala y Nicaragua, en donde le pedimos al Comité de Derechos Humanos que le ordene esos Estados crear rutas específicas de atención que incluyan información previa para prevenir la violencia sexual y rutas de atención claras para atender a las mujeres y niñas que ya son víctimas.

Á. J.: ¿Qué llamado de acción podría hacerse a los países de América Latina y el Caribe para acabar con la violación de los derechos humanos a los que son sometidas las niñas y adolescentes cuando se les obliga a culminar un embarazo, producto de una agresión sexual?

A. C. A.: Creo que el llamado para los Estados de América Latina es, primero, garantizar la educación sexual integral, para ayudar a prevenir violencias, ayudar a que las niñas las identifiquen y busquen ayuda. Y, cuando ya son víctimas, esa educación les permite identificar rutas de atención concretas, para ayudarlas a superar el hecho victimizante de una mejor manera y acceder a rutas de atención. Igualmente, es muy importante tener el debate de educación sexual integral desprovisto de estereotipos y estigmas y ver esta educación como parte de la información necesaria para la vida y para mejorar las capacidades evolutivas de las niñas y adolescentes. Creo que otro mensaje claro para los gobiernos tiene que dirigirse a pedir que se dejen de normalizar los embarazos tan tempranos, pues constituyen violencia pura y dura, y es fundamental trabajar para que esto no siga ocurriendo, para que la violencia contra estas niñas y adolescentes no siga en la impunidad y ellas tengan opciones para no ser madres de manera forzada y para que puedan seguir siendo niñas, que es lo que corresponde a su edad.

Á. J.: ¿A qué tipo obstáculos judiciales se enfrentan estas menores?

A. C. A.: Uno de ellos está compuesto por los estereotipos y los estigmas en el sistema judicial a la hora de fallar casos de violencia sexual. Esto aleja a las víctimas, porque, muchas veces, nuestros jueces no deciden en derecho y con base en las pruebas, sino que lo hacen basados en estereotipos de género, relacionados con el comportamiento de las víctimas, su vida sexual previa al hecho victimizante o a la forma como estaban vestidas. Otros estereotipos a los que se enfrentan se relacionan con un comportamiento determinado, pues se juzga cómo se debe comportar una buena víctima, y esto hace que las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual decidan no denunciar, por temor a que sus casos no sean abordados desde el Derecho y las pruebas o a que su testimonio no sea valorado como una prueba central dentro del proceso, como debería ser. Y es que, a veces, no se considera que los casos de violencia sexual ocurren, generalmente, en entornos íntimos, donde no hay más testigos. Esto es un factor clave que afecta particularmente a las niñas y adolescentes, porque, muchas veces, al intentar acceder a justicia, les piden traer a su representante legal o les piden otro tipo de requisitos que hacen imposible la denuncia, sin tener en cuenta que ese o esa representante es el mismo agresor o no está dispuesto a apoyarlas en el proceso.

Á. J.: ¿Existen precedentes en la región sobre este tema?

A. C. A.: Sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hablado sobre este asunto, como ocurrió en el caso Manuela contra El Salvador, en noviembre del 2021. Allí se encontró que el fallo contra Manuela, una mujer que vivió una emergencia obstétrica en El Salvador y que fue condenada por homicidio, estuvo mediado por estereotipos de género, como el de “la buena madre”, según el cual ella tendría que haber hecho todo lo posible para llevar a buen término una gestación, a pesar de que vivió una emergencia obstétrica que se salía de sus manos.

Preocupada por esta situación de estereotipos de género en la justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos citó a una audiencia de oficio, el año pasado, sobre estereotipos de género en la justicia en América Latina y el Caribe. Allí se invitó a que varias organizaciones presentáramos nuestras preocupaciones sobre estos temas (la audiencia está disponible en el canal de YouTube de la Comisión) y allí señalamos, con mucha preocupación, cómo nuestra justicia no siempre falla desde el enfoque de género y el Derecho, sino que, a veces, los estereotipos se imponen a la hora de tomar decisiones, sobre todo en delitos sexuales. Esto afecta mucho a nuestras niñas y adolescentes.

Á. J.: ¿Han identificado algún grupo poblacional que se encuentre en mayo estado de vulnerabilidad por lo difícil que resulta hacer valer los derechos reproductivos?

A. C. A.: Es muy preocupante cómo estos temas de violencia sexual y de falta de acceso a derechos reproductivos, como el aborto, afecta de manera particular a las niñas indígenas, a las niñas afro en América Latina y a las niñas en situación de pobreza, niñas que, por ejemplo, viven en condición de calle y, en general, que están en situación de vulnerabilidad. A ellas es a quienes menos se les garantizan sus derechos sexuales y reproductivos, desde información hasta el mismo acceso a la salud o a un servicio como el aborto, cuando quedan embarazadas como resultado de la violencia sexual. Creo que es muy importante ver cómo este contexto restrictivo, que hay en algunos países de nuestro continente, como en República Dominicana y en países centroamericanos, llevan a que, incluso, si tienen una emergencia obstétrica, puedan ser criminalizadas. Yo creo que eso hay que ponerlo de presente, hay que alzar la voz para que sea visible cómo la discriminación racial y la aporofobia afectan a estas niñas de manera particular, cuando necesitan acceder y materializar sus derechos reproductivos.

Alejandra Coll Agudelo

Es abogada y magistra en Estudios de Género de la Universidad de Hull (Inglaterra) y la Universidad de Granada (España). Se ha desempeñado como investigadora en derechos humanos de las mujeres, acceso a la tierra y derechos sexuales y reproductivos. Ha trabajado en la Defensoría del Pueblo, en Usaid, en la Ruta Pacífica de las Mujeres y en Women’s Link Worldwide. Actualmente, es vocera del Centro de Derechos Reproductivos.