“La importancia de los ‘compliance programs’ se da por descontada”

 

Con ocasión de los recientes escándalos de corrupción en el continente, cada vez toma más fuerza la necesidad de que las empresas se blinden frente a la responsabilidad penal de sus miembros, especialmente de sus altos directivos.

 

En el mundo, los compliance program ya son una realidad en materia corporativa. En opinión del abogado penalista Mauricio Pava Lugo, discutir sobre su importancia es un hecho superado, pues el debate en realidad es cómo adoptarlo, para que no fracture la gobernabilidad de la empresa y, a la vez, se convierta en un elemento esencial en su funcionamiento.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Qué tanto desarrollo tiene el Derecho Penal Corporativo en Colombia?

 

Mauricio Pava Lugo: Está en expansión, éramos pocos, pero, recientemente, se formó el Instituto Colombiano de Derecho Corporativo. Los modelos de buen gobierno corporativo, en lo privado y en lo público, los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la prevención de riesgos punitivos (judiciales y administrativos) y la autorregulación son la fuente de su necesidad.

 

Á. J.:    A raíz de los recientes escándalos de corrupción y criminalidad de “cuello blanco”, ¿ha aumentado el reconocimiento de la importancia de los ‘compliance programs’?

 

M. P. L.: En el foro internacional, su importancia se da por descontada; es más que un sistema de denuncia, más que un catálogo de “buenas intenciones”; es repensarnos como ciudadanos corporativos. Este mes, en la reciente convención bancaria, frente al futuro de las vías 4G, hubo pronunciamientos al respecto. Ya no deberíamos discutir sobre su importancia; el debate es cómo adoptarlo, para que no afecte competencias, que acompañe el negocio, que no fracture la gobernabilidad, que sea autónomo, con jerarquía, que sea eficaz, que no sea cosmético y que constituya la segunda línea de defensa corporativa.

 

Á. J.: ¿Es urgente establecer una responsabilidad penal para personas jurídicas?

 

M. P. L.: Varias consideraciones hay que tener en cuenta, empezando por averiguar si el sistema judicial penal resiste otra carga. Pero es claro, tenemos un modelo de responsabilidad “punitiva” disperso, en uno funciona (superintendencias), en otro es inseguro, porque no existe claridad: administradores o directores son llamados a rendir cuentas penales por eventos corporativos, en una visión clásica, dejando de lado responsabilidades organizativas y acciones colectivas. En pro de la seguridad, es mejor normativizarlo en lo penal, lo que estimula la autorregulación regulada. Con miembros de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes se ha venido avanzando en un proyecto de ley al respecto.

 

Á. J.: ¿Acuden cada vez más las empresas a la asesoría en Derecho Penal Corporativo o aún se creen ajenas a esa disciplina?

 

M. P. L.: Ninguna empresa es ajena a la disciplina, más bien estamos viendo la práctica en relación con las multilatinas, en el sentido de cómo se encuentra el estado de las cosas en Centroamérica y en la Región Andina, para que nuestros empresarios le apuesten al crecimiento con los riesgos propios de lo penal corporativo controlado.

 

Á. J.: ¿Qué valores agregados tiene el Derecho Penal Corporativo para la representación de empresas?

 

M. P. L.: Básicamente, anticipa barreras de protección. El clásico piensa en el riesgo en la decisión final, mientras que la necesidad corporativa implica contener riesgos mediales, que van desde los comunes a todos, a los reputacionales, los colaterales-societarios, hasta los instrumentales de un litigio. De igual manera, no solo es un derecho reactivo, sino preventivo y proactivo, porque capitaliza como experiencia empresarial las causas de las incidencias para incorporarlas en los mapas de riesgos.

 

Á. J.: Llama la atención la incorporación de un área de gestión académica en su firma. ¿En qué consiste?

 

M. P. L.: Inició hace siete años, con un programa de “diálogos penales” que no era más que una tertulia que se realizaba el primer día de la semana. Hoy, tenemos un experto independiente que la dirige, en tres niveles, diálogos, salas, seminarios, tres sesiones a la semana y un invitado internacional o protagónico de la vida nacional al mes. Esta área coordina los apoyos que, en lo legislativo, gubernamental o en organizaciones no gubernamentales nos piden: artículos, ponencias, intervenciones en la Corte Constitucional, etc. Es un gran espacio, familiar, cálido, de debate académico.

 

 

Mauricio Pava Lugo

 

Estudios realizados: abogado y especialista en Casación Penal de la Universidad de Caldas. Actualmente, cursa la Maestría en Derecho, con énfasis en el sistema penal acusatorio, en la Universidad Sergio Arboleda.

 

Cargos desempeñados: conjuez de la Corte Suprema de Justicia, docente universitario de pregrado y posgrado, miembro de la comisión de expertos de la Corporación Excelencia en la Justicia y experto asesor del Ministerio de Justicia y del Derecho. También es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.

 

Ocupación actual: Director General de Mauricio Pava L. Abogado.