Uber y la libre competencia

José Miguel De La Calle Superintendente de Industria y Comercio

El Gobierno ha decidido ponerle freno al negocio de Uber en Colombia, al considerar que dicha plataforma tecnológica fomenta la utilización indebida de los carros blancos de servicio especial en la prestación de servicios individuales de taxi, cuando dichos vehículos solo están destinados a la prestación de ciertos usos específicos, tales como transporte empresarial, escolar o turístico.

Las razones que expone el Gobierno para tal decisión son valederas, en principio, considerando que al Gobierno corresponde el deber de asegurar que la actividad privada de transporte público se mantenga dentro del marco del respeto del interés general. En ese sentido, la actividad de transporte de pasajeros debe realizarse de manera que no se ponga en riesgo la seguridad de las personas y, además, que se salvaguarde de la mejor forma posible la movilidad en las ciudades.

Sin embargo, ese objetivo primordial no puede encubrir la circunstancia de que la presencia de Uber y de otras plataformas similares en el país es muy positiva, desde la perspectiva de la libre competencia.

El mercado del transporte público individual de pasajeros tiene muchas barreras de entrada, empezando por la exigencia de un permiso previo y del pago de un cupo como requisito para empezar a prestar el servicio. Posiblemente esas restricciones son justificables desde el punto de vista del control de la actividad transportadora, pero no se puede desconocer que esas limitaciones generan severas distorsiones de mercado, tal como la disminución de la calidad y la concentración del negocio en pocas manos. Si bien la tarifa está intervenida por el Estado, un ambiente más competido favorecería la calidad del servicio, aumentaría las modalidades e incentivaría el ofrecimiento de prestaciones adicionales.

En ese orden de ideas, y en cumplimiento del fin constitucional de promoción de la libre competencia, es un deber del Gobierno procurar el aumento de los niveles de competencia de este sector, para beneficio de los consumidores, hasta el punto máximo que se pueda, sin llegar a poner en riesgo los fines –también esenciales– de la seguridad y la movilidad. Es, como lo diría la Corte Constitucional, una labor de ponderación armónica de dos derechos principales del más alto rango, que debe dar como resultado una solución equilibrada.

Teniendo en cuenta las bondades de la competencia, considero que podría ser factible llegar a una solución que permita la llegada legal de estas nuevas modalidades de servicio, mediante una revisión de la regulación actual, siempre y cuando se eleven los estándares de control de entrada de los vehículos blancos o de otros vehículos, de manera que sean objeto de los mismos exámenes a que se someten todos los carros habilitados para el servicio de taxi.

Por lo que uno puede apreciar, los carros blancos no son menos seguros que los taxis amarillos, sino, posiblemente, todo lo contrario. Sin embargo, ello habría que verificarlo.

En el terreno de la movilidad, existen varios asuntos por revisar, pues resulta indispensable que una eventual autorización de Uber como negocio legal no vaya a fomentar de manera desmedida la oferta de los carros blancos, creando mayores problemas a la movilidad que los que ya tenemos. Para empezar, no se justifica que dichos carros blancos estén exentos del pico y placa, cuando su uso se está dando más allá de los usos para los que fue creado el servicio público especial. De igual manera, habría que revisar el tema del pago de cupos, para asegurar que existe un tratamiento equitativo de los propietarios de los vehículos amarillos y los blancos.

Es entendible que, desde el punto de vista de la regulación sectorial del transporte público de pasajeros, se hubiese determinado la ilegalidad del modelo de negocio de Uber, pero una mirada más comprensiva desde la órbita de la libre competencia, justifica una revisión de la regulación para permitir este tipo de servicios que favorecen a los consumidores, siempre y cuando se protejan adecuadamente la seguridad y la movilidad.