Reformar la justicia en Colombia: primeras discusiones con las facultades de Derecho

Carlos Mario Molina Betancur

Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público

La falta de participación ciudadana y de representación en la sociedad llevó a la aprobación de una convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente, el 12 de marzo de 1990, por más de cinco millones de colombianos. Así se hizo realidad el sueño de reformar una estructura institucional rígida, antidemocrática y excluyente. Esta nueva fuerza le dio a la justicia el lugar que le correspondía en la sociedad y le devolvió la dignidad que había perdido en las últimas luchas contra el narcotráfico y la corrupción.

Veintisiete años después, la promesa de una justicia transparente, eficiente y digna sigue siendo una deuda que tiene el Estado con la sociedad. Importantes manifestaciones de reforma han aparecido recientemente de parte del mismo Gobierno, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), Dejusticia, colegios de abogados, la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (Acofade) y la misma Corte Suprema de Justicia.

No obstante, dichas declaraciones se limitan a denunciar el grave estado de descomposición de una parte del sistema judicial y a criticar a sus implicados. El único que ha lanzado una propuesta clara y contundente para cambiar la situación es el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, con su propuesta de Pacto Ciudadano para Reformar la Justicia. Son muchas las posiciones en contra y a favor, que, sin embargo, han reconocido que es una propuesta de solución al problema que tiene el mérito de ser debatida.

Nunca se discute tanto en una sociedad como cuando se está de acuerdo entre sus asociados. La anterior premisa parece repetirse en este caso. La propuesta del Procurador recoge el clamor de la sociedad que ve en la manifestación popular la manera más expedita de darles solución a tres problemas fundamentales: competencias electorales de las altas cortes, tribunal de justicia para aforados y un adecuado sistema de elección de magistrados.

¿Quién podría oponerse a dicha reforma? Estos tres puntos han sido las demandas de casi todos los sectores de la sociedad, incluso de los mismos magistrados. Entonces, en un eventual referendo, estas tres preguntas no tendrían ninguna confusión. Tal iniciativa identifica el sentir de gran parte de la comunidad y recuerda la deuda democrática que tiene el Gobierno Nacional con la Constitución de 1991. Esta propuesta de reforma es solo una de las muchas que pueden existir. Para algunos, por el momento es la mejor que se ha escuchado en los últimos días: al menos es una idea propositiva que no se queda solo en la denuncia y la queja.

Manifestación popular

Así lo han manifestado decanos de las facultades de Derecho que se reunieron, por primera vez, con el Procurador General, el pasado 25 de septiembre, en la Universidad de Medellín, para discutir el tema de la reforma a la justicia. De allí empiezan a darse los primeros aportes para ser consideradas en una eventual propuesta de manifestación popular.

Primero, la cooptación no es el mecanismo idóneo para elegir magistrados, por ser este un mecanismo de élite. Habría un gran riesgo constitucional, si se vuelve al antiguo sistema de elección, teniendo en cuenta las actuales circunstancias de desprestigio magistral.

En segundo lugar, es cierto que un referendo para reformar la justicia podría solucionar la actual crisis, pero, por la premura del tiempo, habría que comenzar ya. Es muy corto el plazo para realizarlo, se necesitaría mucha voluntad política. Se podría pensar también en un acto legislativo. Otra manera sería ajustar la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. En todo caso, se necesita un consenso sobre lo que es el código ético del estudiante de Derecho y cuál el código ético de los abogados y de los jueces. Para los decanos, la Procuraduría sería un importante actor para hacer esa claridad, de la mano de las facultades de Derecho y de los colegios de abogados.

Como tercer punto, las facultades de Derecho tienen un papel fundamental en la solución del problema ético actual. Hay que implementar, con urgencia, el código de ética judicial. No se dedica tiempo en las aulas al tema de la ética y su relación estrecha con el Derecho. ¿A qué tipo de personas le estamos dando el título de abogado? Los decanos piensan que la Procuraduría debe seguir trabajando con las facultades de Derecho en esta tarea, requiriendo a los ministerios de Educación y de Justicia, para que expliquen al país qué han hecho en los últimos 10 años para mejorar la formación de los abogados.

Invitación abierta

Con estas primeras discusiones entre el Director del Ministerio Público y los decanos de las facultades de Derecho, se evidencia, además, la falta de propuestas gubernamentales para mejorar la situación actual. ¿Dónde están los lineamientos y requisitos mínimos de enseñanza y práctica de los futuros abogados? Con publicaciones e investigaciones realizadas por toda la comunidad académica solo Acofade parece tener propuestas claras al respecto. Incluso, han publicado una iniciativa clara de reforma por competencias, pero el Ministerio de Educación sigue sin reaccionar y la crisis de la justicia se agrava cada vez más.

De allí la importancia de la iniciativa del Procurador, quien manifestó su interés de seguir esta discusión con los decanos de todo el territorio nacional, invitando también a los colegios de abogados, la CEJ, la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior con Formación Técnica Profesional, Tecnológica o Universitaria; el Colegio Profesional de Abogados, y todos los colectivos y organizaciones comprometidas con la justicia y la formación de los abogados, para tratar de encontrar juntos una solución al problema. No debemos olvidar que una Constitución es como una vieja guitarra, hay que afinarla, si queremos escuchar sus lindas melodías.

Este esfuerzo institucional, de parte de un ente de control, es la primera iniciativa que recoge el apoyo de una buena parte de la comunidad jurídica que seguirá recorriendo todas las regiones de Colombia para generar conciencia y compromiso ciudadano. Dicha iniciativa muestra la voluntad del Procurador de ejercer una función de control cercana a la comunidad y en los territorios. Como se ha realizado en otros sectores, la propuesta podría terminar en un gran pacto ciudadano con todos los implicados, con el fin de comprometerlos con la ética jurídica y las buenas prácticas que se deben adoptarse en el sector justicia.

Con lo anterior, es el momento de analizar con seriedad estas primeras propuestas de reforma, que seguramente no convienen a muchos intereses políticos, y que afectan muchos privilegios de aforados, por cuanto sería toda la sociedad la que se beneficiaría. La justicia es un derecho colectivo, pero juntos tenemos el deber de defenderlo y luchar para que su brillo sea intachable.

Bienvenida la reciente propuesta de reforma que anuncia el Ministerio de Justicia, que contribuirá a enriquecer el debate. Tal vez, la discusión del Procurador con los decanos de las facultades de Derecho contribuyó a que otros órganos del Estado se pronuncien. Esperamos que surjan otras propuestas de reforma de diferentes sectores de la sociedad.

Como nos enseñan los padres de la Revolución Francesa, “los derechos en una sociedad no se solicitan, sino que se arrebatan”. Más recientemente la filósofa norteamericana Martha Nussbaum nos enseña que una sociedad es más desarrollada cuanto más sentimiento de repugnancia manifiesta frente a la corrupción y la injusticia. Debemos arrebatarle el sagrado derecho democrático a aquellos que no les interesa que lo ejerzamos. Manifestemos como sociedad y hagamos sentir en las urnas nuestro más profundo sentimiento de repugnancia frente a la práctica corrupta de algunos magistrados que manchan su servicio y avergüenzan a la sociedad.