“La mutilación genital femenina afecta a más de 230 millones de mujeres y niñas en el mundo”

Aunque se podría pensar que la mutilación genital femenina es una práctica que tiende a desaparecer, las cifras, según la Unicef indican que más de 230 millones de mujeres y niñas en el mundo son objeto de la misma.

Leandra Becerra, abogada consultora legal y de incidencia de Equality Now en Colombia, habló con ÁMBITO JURÍDICO acerca de este panorama en el mundo y en el país.

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cuáles son las causas que inciden en que un fenómeno como la mutilación genital femenina aún se siga presentando?

Leandra Becerra: Primero, quisiera recordar que la mutilación genital femenina (MGF) afecta a más de 230 millones de mujeres y niñas en el mundo, según datos de la Unicef, y es una violación de los derechos humanos profundamente arraigada en la desigualdad de género y la discriminación. Comprende todos los procedimientos que implican la remoción parcial o total de los genitales externos femeninos, o cualquier otra lesión a estos, por razones no médicas.

Según investigaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Banco Mundial y el más reciente informe de Equality Now, la MGF persiste por diferentes razones, entre las que se encuentran las normas sociales y culturales patriarcales, ya que la MGF está usualmente relacionada con creencias alrededor del “honor”, “la respetabilidad”, la “prevención de la promiscuidad” y “la limpieza”, lo que frecuentemente se considera esencial para la aceptación social de las mujeres y niñas y la pertenencia a la comunidad. 

Están también las creencias ligadas a la feminidad y el control sobre la sexualidad femenina. En algunas de las comunidades practicantes existe la creencia de que la mutilación reduce el deseo sexual en las mujeres, evita el parecerse a un hombre y que, al no cortarse el clítoris, este podría crecer como un pene. Sumado a esto, hay un abordaje racista del tema, pues se cree que es un problema de los “extranjeros”, usualmente relacionado a migrantes de África y Asia, lo cual no es cierto, porque también se practica en América del Norte y del Sur. Por último, en Colombia hay un subregistro y la falta de datos concretos dificulta la visibilización de la MGF (conocida también como “ablación”) y la formulación de políticas públicas efectivas.

Á. J.: Frente a los hallazgos encontrados en esta investigación, ¿qué similitudes y diferencias existen frente a esta práctica en las diferentes partes del mundo en donde se llevaron a cabo las pesquisas?

L. B.: El informe El momento es ahora: poner fin a la mutilación genital femenina, una necesidad urgente de una respuesta global actualiza los hallazgos del año 2020, recolecta datos oficiales y hace investigación propia a partir de los testimonios de sobrevivientes. Uno de los principales hallazgos es que la práctica no es idéntica en todos los lugares, así como tampoco lo son las comunidades. Por ejemplo, encontramos evidencia en comunidades religiosas, como es el caso de EE UU, hasta en comunidades étnicas donde la práctica está arraigada a partir de la creación de mitos.

Otra de las diferencias tiene que ver con la forma de la práctica. En algunos países de África, Europa y en EE UU, la MGF está medicalizada, es decir, los profesionales de la salud la practican por solicitud de los padres, cuidadores y autoridades. En cambio, en otros lugares es una práctica más íntima, realizada en el seno de los hogares o las comunidades y es realizada por parteras o ancianas.

No obstante, existen algunas similitudes, como el contexto social en el que se realiza la MGF, ya que la mayoría de las comunidades practicantes viven en situaciones de desigualdad de género, normas patriarcales que refuerzan los estereotipos de género y situaciones de vulnerabilidad económica y social, es decir, comunidades excluidas y discriminadas. Además, las consecuencias físicas y sicológicas de la mutilación son graves y similares, como infecciones, problemas de fertilidad, complicaciones durante el parto, y trastornos psicológicos y hasta la muerte.

Á. J.: ¿Qué ha hecho la comunidad internacional para erradicar esta práctica?

L. B.: En 2012, la Asamblea General de la ONU adoptó de forma unánime una resolución que  prohíbe la práctica de la mutilación genital femenina, destacando que se deben realizar esfuerzos por atender a las víctimas, hacer partícipes a los tomadores de decisiones e incentivar y apoyar iniciativas comunitarias para cambiar normas sociales, ya que esta práctica, en su momento, afectó entre 100 y 140 millones de mujeres y niñas en el mundo. En 2024, la misma asamblea adoptó el Pacto para el  Futuro y los 194 países de las Naciones Unidas se comprometieron a eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil y la MGF, para  el año 2030, dentro del Objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

No obstante, los esfuerzos han sido insuficientes, puesto que existe una falta de “conciencia global” llevando a los movimientos anti-MGF a enfrentar grandes retos, como la reticencia de los gobiernos a tomar acciones, así como el auge de medidas antiderechos de las mujeres y las niñas, que en países como Kenya y Gambia amenaza con revertir los avances en materia de erradicación de las prácticas de MGF.

Por otra parte, existen esfuerzos como el programa conjunto de UNFPA y Unicef, que impulsa programas educativos, de sensibilización y de incidencia para crear legislaciones para erradicar la práctica y que, en la actualidad, ante el cierre de la cooperación de Usaid, se ve en riesgo, ya que era su principal financiador. Las organizaciones de la sociedad civil como Equality Now integra grupos y alianzas de trabajo en Asia, Europa, África y las Américas, llamando a los gobiernos a reforzar el compromiso político para bajar a cero las cifras de MGF; así como aumentar urgentemente los recursos y la inversión para acabar con la MGF y apoyar a las sobrevivientes y a aquellas mujeres que están en riesgo, promulgando leyes nacionales de carácter integral.

Á. J.: ¿Cómo está hoy el panorama de la MGF en Colombia?

L. B.: La MGF está probada en, al menos, 94 países del mundo y solo 59 de ellos disponen o cuentan con medidas concretas sobre esta práctica de violencia basada en género, siendo África, el continente con mayor legislación al respecto. Esto significa que el 37 % de los países con datos sobre la prevalencia de la MGF no tienen leyes específicas contra la práctica, entre ellos Colombia.

En Colombia, la MGF sigue siendo una práctica vigente y, según el Ministerio de Salud y el UNFPA, es el único país de América Latina y el Caribe que reconoce públicamente su realización en su territorio. En 2007, Colombia se convirtió en el primer país de la región en registrar oficialmente la MGF, tras la muerte de dos niñas emberá a causa de la ablación. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia, se estima que dos de cada tres mujeres emberá la han sufrido.

La actual cifra supone un descenso con respecto a los 91 casos notificados el año anterior. La diferencia entre los informes de 2023 y 2024 no indica necesariamente una reducción de la práctica en sí, sino más bien un descenso en el número de denuncias realizadas en los centros locales de salud. Los datos disponibles del SISPRO evidencian la distribución geográfica de los casos de MGF en Colombia, con la mayoría registrados en el departamento de Risaralda (41 casos), seguido por Chocó (7), Quindío (1), Cartagena (1), Cauca (1), Cundinamarca (1), Antioquia (1) y Bogotá D.C. (1).

Á. J.: ¿Y Colombia, desde el Gobierno y desde el Congreso de la República, qué acciones y decisiones ha tomado para terminar con este tipo de mutilación corporal?

L. B.: Respecto a esfuerzos, se puede destacar que, en 2009, los consejeros  del Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR), los cabildos mayores de Mistrató y Pueblo Rico y los gobernadores locales de las comunidades de cada uno de los municipios mencionados expidieron de manera conjunta la Resolución 001, en la que prohibieron la práctica de la ablación durante dos años. 

Algunos años después, en 2017, reunidos en el departamento del Valle del Cauca, bajo la premisa de “La cultura genera vida, no muerte”, el parlamento de la Nación emberá suscribió un nuevo mandato orientado a la erradicación de la MGF, uniéndose entonces a los mandatos emberá de años anteriores y a las conclusiones del IX Congreso de los Pueblos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que en 2016 estableció entre sus líneas de acción “conocer, visibilizar, concientizar y transformar  (las prácticas), que van en contra de la salud y bienestar de las mujeres y niñas indígenas”. Esto demuestra que las comunidades practicantes, con apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el UNFPA y la ONIC, han tenido manifestaciones y acciones tendientes a erradicar la práctica.

En la actualidad, cursa su trámite una iniciativa legislativa para atender, prevenir y erradicar la MGF en Colombia, a través de la creación de una política pública, mejorar la recopilación de información y establecer protocolos de atención, aunque no menciona la necesidad de mayor inversión social. No obstante, el Congreso de la República y el Estado colombiano en su generalidad tienen la oportunidad de avanzar en la aprobación de esta ley y reforzar los elementos que incluyan una real articulación intersectorial e interinstitucional para una respuesta rápida, efectiva y adecuada.

Á. J.: Muchas veces este fenómeno se relaciona con prácticas ancestrales de pueblos indígenas. ¿Cómo sensibilizar a estos grupos para que dejen de realizar estas prácticas?

L. B.: Los aprendizajes de los procesos más adelantados en el mundo nos han dejado algunas ideas que, para el caso colombiano, podrían ser de gran utilidad. Primero, el diálogo intercultural e intergeneracional. Segundo, la educación comunitaria.

La experiencia de Kenia es poderosa, ya que en ese país la lucha contra la MGF ha involucrado una combinación de enfoques legales, educativos y culturales para abordar las tensiones entre prácticas tradicionales y la protección de los derechos humanos y la salud de mujeres y niñas. Por ejemplo, en 2011, Kenia promulgó la Ley de Prohibición de la Mutilación Genital Femenina, que también estableció la Junta Anti-Mutilación Genital Femenina para coordinar las iniciativas dirigidas a erradicar la práctica. En ese marco, las organizaciones no gubernamentales y entidades gubernamentales han llevado a cabo campañas de sensibilización para educar a las comunidades sobre los riesgos asociados con la MGF.

Por otra parte, la educación comunitaria implica que las iniciativas de educación y sensibilización, así como las herramientas y diseños metodológicos sobre la MGF estén lideradas y centradas en las propias comunidades, en este caso, las lideresas indígenas, quienes son actoras clave en el cambio dentro de sus comunidades, estimulando las figuras de las mediadoras o facilitadoras culturales.

Las ONG y entidades gubernamentales pueden desempeñar un rol de apoyo, trabajando en estrecha colaboración con ellas para fortalecer sus voces y promover enfoques basados en el respeto, la interculturalidad, la no discriminación y los derechos humanos.

Á. J.: ¿Qué consecuencias trae para una mujer que ha sido víctima de mutilación genital?

La Organización Mundial de la Salud ha estimado que las consecuencias de la MGF son físicas, mentales y también económicas. Se destaca que existen consecuencias inmediatas y otras que son visibles al pasar del tiempo. Dentro de las primeras están las infecciones, hemorragias, traumas sicológicos y en algunos casos la muerte. A largo plazo, pueden presentarse enfermedades crónicas y existe evidencia de que las mujeres que han sido sometidas a esta práctica presentan un mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el parto, que pueden poner en peligro su vida. Así mismo, pueden sufrir trastornos mentales o padecer infecciones crónicas. Además, pueden sentir dolor o experimentar problemas durante la menstruación, la micción o las relaciones sexuales. Es decir, hay una afectación en la vida de relación de quien es sometida a la MGF.

Concluyendo, entonces, la OMS que la MGF no presenta ventajas desde un punto de vista médico y solo causa daño. La posición de la OMS es que la mutilación genital femenina no se debería practicar nunca.