La Procuraduría General le pidió a la Corte Constitucional que se inhiba de pronunciarse de fondo en varias demandas contra la Ley 1425 del 2010, que derogó los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998, referentes al cálculo del incentivo de la acción popular. En esta oportunidad, el Ministerio Público se pronunció sobre varias demandas acumuladas y señaló que la publicación de una ley que ha sido objeto de una reforma parcial no afecta ni la existencia, ni la validez de la ley, pues no es un requisito necesario para una y para otra. En su concepto, reiteró que la interpretación de los autores sobre la derogatoria del incentivo a los actores populares no es acertada.