La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequibles los artículos 10 y 11 de la Ley 1393 del 2010 (reforma tributaria para la salud), ya que vulneran el principio de unidad de materia y desconocen la iniciativa legislativa exclusiva del Gobierno. A juicio del Ministerio Público, las normas se ocupan de materias que no tienen relación con el sistema de salud, como el destino y manejo de los recursos correspondiente a las bibliotecas públicas y la distribución de los recursos del IVA al servicio de telefonía móvil celular. Por otra parte, como las disposiciones regulan la participación específica de los municipios en una renta nacional, se trataba de una regulación que le compete exclusivamente al Congreso.