La protección laboral y el fuero al denunciante de actos de corrupción: una perspectiva laboral

Fabio Humar Jaramillo
Abogado penalista

La lucha contra la corrupción es una tarea fundamental para garantizar el desarrollo sostenible de las sociedades y la transparencia en las instituciones.

En este contexto, los denunciantes de actos de corrupción juegan un papel crucial al exponer prácticas ilícitas que de otro modo podrían permanecer ocultas. Sin embargo, este acto de valentía frecuentemente conlleva riesgos significativos para los denunciantes, en diferentes ámbitos. Por ejemplo, en materia penal se les puede proteger de la acción penal por la vía del principio de oportunidad. Igual cosa debe suceder en el ámbito laboral, por lo que resulta imprescindible implementar mecanismos de protección laboral y fuero que aseguren la seguridad e integridad de quienes deciden dar un paso adelante contra la corrupción.

Riesgos laborales asociados a la denuncia de corrupción

Los empleados que denuncian actos de corrupción suelen enfrentar una serie de represalias laborales que van desde el despido injustificado hasta el hostigamiento, la degradación profesional y el aislamiento dentro de la organización. Estas consecuencias generan un efecto disuasorio, desalentando a posibles denunciantes y perpetuando la cultura de la corrupción. Además, la falta de protección adecuada puede dar lugar a un daño irreparable en la carrera profesional, la salud mental y la estabilidad económica del denunciante.

El fuero laboral es una herramienta jurídica que otorga inmunidad a ciertos trabajadores frente a represalias derivadas de sus acciones o condiciones particulares. En el caso de los denunciantes de corrupción, el establecimiento de un fuero específico es fundamental para garantizar que su acto de denuncia no conlleve consecuencias negativas en el ámbito laboral.

Las siguientes son algunas de las formas de protección que se les puede ofrecer:

(i) Protección contra el despido: prohibir el despido de los denunciantes salvo que exista una causa debidamente comprobada y ajena a la denuncia realizada.

(ii) Garantía de condiciones laborales: asegurar que el denunciante mantenga sus condiciones laborales, incluyendo salario, beneficios y acceso a promociones.

(iii) Reubicación voluntaria: ofrecer al denunciante la posibilidad de ser reubicado en otro puesto o área si así lo solicita, para proteger su integridad o evitar conflictos laborales.

(iv) Confidencialidad: salvaguardar la identidad del denunciante para prevenir represalias indirectas.

Experiencias internacionales

Varios países han implementado leyes que otorgan protección laboral a los denunciantes de corrupción. En EE UU, por ejemplo, la Ley de Protección al Denunciante (Whistleblower Protection Act) establece sanciones para empleadores que tomen represalias contra los trabajadores que denuncian actos de corrupción o irregularidades. De manera similar, la Unión Europea aprobó en 2019 una directiva que obliga a los Estados miembros a garantizar la protección de los denunciantes en el ámbito laboral.

Beneficios de la protección laboral para denunciantes

La implementación de medidas de protección laboral y fuero para los denunciantes no solo beneficia a los individuos, sino también a las organizaciones y a la sociedad en general, por ejemplo, en estos eventos:

(i) Fomento de la transparencia: al garantizar que los denunciantes puedan actuar sin temor, se crea un entorno más propicio para la detección de actos corruptos.

(ii) Fortalecimiento de la confianza: los empleados perciben que la organización valora la ética y la justicia, lo que mejora la moral y la cultura corporativa.

(iii) Reducción de riesgos legales: las empresas que promueven la denuncia interna pueden prevenir sanciones legales y daños reputacionales asociados a la corrupción.

La corrupción en el ámbito privado, empresarial, es mucho más difícil de combatir que la que ocurre en el ámbito público, por varias razones: hay menos entidades vigilando la gestión, como ocurre en el sector público con la Procuraduría y Contraloría, por ejemplo. Hay menos necesidad de rendir cuentas cuando se trata de empresas privadas o simplemente porque se ejecutan maniobras corruptas sumamente difíciles de detectar. Ello hace que la protección laboral y el fuero para los denunciantes de corrupción son pilares esenciales en la lucha contra la corrupción privada.

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