Aranceles y reformas: ¿por qué queremos amargarnos la vida?

Carlos Adolfo Prieto Monroy
Miembro del Observatorio Laboral de Pontificia Universidad Javeriana

El pasado 26 de enero de 2025, Colombia vivió la crisis diplomática más grave de su historia republicana, por cuenta de un inadecuado manejo de las relaciones internacionales con EE UU. Independientemente del aprecio o repudio que genere el país norteamericano y su gobierno, el Estado colombiano y sus autoridades legítimamente constituidas deben ser prudentes al respecto, como lo han sido en otros casos y con otros Estados. Las relaciones internacionales se han desarrollado con base en políticas de Estado, y no deben sucumbir a políticas de Gobierno, ni mucho menos a las filiaciones o aversiones de las personas que, de turno, ocupen las altas dignidades del Estado.

El simple anuncio de la potencial imposición de unos aranceles punitivos –primero del 25 % sobre el valor de las exportaciones colombianas al que es su principal socio comercial, y luego del 50 % sobre los mismos rubros– desató una crisis inaúdita en el país, habida cuenta de que, de hacerse efectivas, simplemente implicarían la debacle de la economía colombiana, y con ella la de la misma sociedad, condenando al país a una ignominia que ni siquiera en los peores días del narcotráfico en la década de los noventa impuso al país, y al nivel de dictaduras autoritarias de la peor calaña.

Y es que no se exagera si se dice que tal gravamen sería devastador. El comercio exportador de Colombia hacia EE UU representa entre el 30 % y el 40 % del valor total de las exportaciones nacionales, que para el año 2023 ascendieron, conforme con la información depurada por la Dian, a un valor rondante entre los 40.000 y 50.000 millones de dólares (USD 40.000.000.000–50.000.000.000), representados en productos agroindustriales –flores, aguacates– petróleo crudo y manufacturas. Se estará hablando, entonces, de un rubro que estaría entre los 12.000 y los 16.000 millones de dólares anuales. (USD 12.000.000.000–16.000.000.000.). Ese rubro, aumentado en el 25 %, implicaría un sobrecosto al sector exportador nacional que lo haría simplemente inviable.

Y esa inviabilidad implicaría, como ya se dijo, la ruina de sectores estratégicos de la economía nacional. Y esa inviabilidad implica, necesariamente y sin sectarismos, la ruina del empleo formal, de la recaudación tributaria y de la inversión en el país.

Este sacudón, del que por lo pronto y hasta ahora nos hemos librado, debe servirnos de alerta, ya no temprana –porque hemos visto dónde terminan las alertas tempranas para el Gobierno Central– de la delicada relación que hay entre los costos asociados con la actividad industrial del sector real y de servicios, y el impacto que estos tienen en la sostenibilidad de las empresas, de los sectores y de la economía en su conjunto.

Y esa alarma es particularmente impactante ahora que, como desde hace dos años y medio, estamos hablando de una reforma al régimen legal laboral, contenido en el Código Sustantivo del Trabajo. Desde el primer proyecto conocido por la sociedad colombiana, el Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana ha mostrado y alertado sobre el impacto económico gravoso de las propuestas formuladas por los ponentes del Gobierno Nacional frente al trabajo formal, surtiendo el efecto iatrogénico de resentir la posibilidad de la formalización laboral, y sí constituyéndose como un estímulo perverso para la radicalización de la informalidad laboral y la inviabilidad de empresas y sectores económicos que, contra viento, marea y trinos erráticos, aún insiste en su empeño empresarial.

De darse rienda a la aprobación de la reforma propuesta, el sobrecosto del trabajo formal sería de cerca del 20 % sobre el actual, de por sí alto e inelástico.

Y este no es el momento para sobrecargar el esfuerzo empresarial, que es la base de la formalidad laboral, la cual, a su vez, es la base del trabajo digno y decente que todos anhelamos para cada uno de nosotros y para el conjunto de las personas que vivimos y creemos en este proyecto común de sociedad, que es Colombia.

Ya nos “salvamos” de un arancel del 25 %, causado por la imprudencia; ahora no nos expongamos a un sobrecosto del 20 %, por ingenuidad. No se trata de una cuestión de activismo ¡es la economía!

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