Fueron acusados de inconstitucionales los artículos 1, 8, 16, 17, 19, 26, 30, 31 y 32 de la Ley 2044 del 2020, la cual dicta normas para el saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos ilegales. Las normas acusadas se concentran en específico en los procedimientos y condiciones que rigen la expropiación de dichos bienes por parte de las autoridades. El argumento principal de la demandante es que dichas disposiciones vulneran el artículo 151 de la Constitución, el cual establece que las leyes orgánicas son parámetros de constitucionalidad. En este caso, la accionante considera que los artículos acusados no se ajustan a la Ley 819 del 2003, la cual “exige incluir expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo, para hacerlo compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo”. El incumplimiento de dicho mandato se da teniendo en cuenta que los artículos de la Ley 2044 del 2020 “implican costos fiscales”, por lo que al no identificarlos ni tampoco la fuente de ingreso para financiarlos dentro de los antecedentes legislativos de la ley se incumplieron los parámetros fiscales de la mencionada ley orgánica (Demandante: Patricia Bustos Brasby).