El Defensor del Pueblo había demandado una serie de normas que diferencian el tiempo en la prestación del servicio militar obligatorio entre bachilleres y aquellos que no tienen esa formación académica (artículo 13 de la Ley 1861 del 2017), pues consideraba que esa disposición era contraria al principio de igualdad establecido en la Carta Política. Por eso, pretendía que la permanencia en filas fuera para todos los jóvenes, sin distinción, de 12 meses. Al respecto, la Corte Constitucional determinó que no debe existir una diferencia entre la duración del servicio militar obligatorio entre bachilleres y quienes no hayan recibido esa formación académica. Con esta decisión, la Corte estableció que los ciudadanos incorporados en el servicio militar, una vez terminen los 12 meses, podrán elegir si desean continuar hasta los 18 meses de servicio y hacer uso de ese semestre adicional para formación. En este periodo podrán desarrollar el módulo de capacitación laboral o acceder a los estudios de secundaria, agrega el pronunciamiento judicial.