La Corte Constitucional previno a una empresa que presta servicios de medicina prepagada para que se abstenga de negar o retardar la realización de procedimientos de salud que sean prescritos por médicos tratantes. En el caso analizado, la entidad se negaba a autorizarlos argumentando que estaban excluidos expresamente del contrato, por derivarse de una patología preexistente. En este contexto, la Corte advirtió que utilizar tácticas de elusión del compromiso de oportuna atención de requerimientos de salud, con la aducción unilateral de posibles preexistencias desconoce el principio de buena fe (artículo 83 de la Constitución) y derechos fundamentales. Alberto Rojas Ríos aclaró el voto (M. P. Nilson Pinilla Pinilla).