La Ley 1412 del 2010 autorizó la realización, de forma gratuita, de la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y la ligadura de trompas de Falopio, como formas de fomentar la paternidad y la maternidad responsable. El artículo 7º de la mencionada norma prohibió la práctica de la anticoncepción quirúrgica a menores de edad. En contra de esa excepción se radicó un escrito de inconstitucionalidad, con base en la posible violación de los artículos superiores 13, 16, 42 y 45. De acuerdo con los demandantes, dicha disposición vulnera varias garantías fundamentales que el legislador les ha concedido a los menores de edad, tales como el derecho a formar una familia y a decidir libremente la posibilidad de tener o no hijos (demandantes: Yuly Ramírez Gómez, Pedro Antonio Cano Álvarez y otros).