El Ministerio Público le solicitó a la Corte Constitucional que declare exequible el artículo 342 de la Ley 599 del 2000, que establece las circunstancias de agravación cuando los delitos sean cometidos por miembros activos o retirados de la fuerza pública o de organismos de seguridad del Estado. A juicio de la Procuraduría, resulta contrario a la acción de inconstitucionalidad pretender que el alto tribunal fije los elementos sustanciales de un tipo penal y que establezca las causales de agravación punitiva en un caso específico. Satisfacer o permitir el éxito de pretensiones semejantes supondría una extralimitación por parte de la Corte y una vulneración de los derechos y competencias del legislador, con las graves consecuencias que ello implica para la democracia, la división de los poderes públicos y el ordenamiento jurídico en su totalidad, agregó.