El demandante le solicita a la Corte declarar la inexequibilidad de los artículos 23 y 45 de la Ley 2080 del 2021, los cuales modificaron, respectivamente, los artículos 136A y 185A del CPACA. Estos consagran el control automático de legalidad de fallos con responsabilidad fiscal así como el trámite que debe seguir dicho procedimiento. De acuerdo con el accionante, la reforma lleva a que el juez contencioso administrativo solo tenga que ejercer dicho control respecto de los fallos condenatorios proferidos por la Contraloría y excluye a los exoneratorios, lo que supone una vulneración al principio de igualdad. Concretamente, señala que la distinción hecha por la ley no está justificada y va en contravía de la satisfacción del interés general en tanto “parece un instrumento jurídico concebido para proteger los intereses económicos de los gestores fiscales que han sido objeto de un fallo con responsabilidad fiscal”. Puso de presente que la mayoría de medios de control confiados al juez administrativo operan por solicitud de parte y no de oficio, lo que demostraría que es una jurisdicción que opera de manera rogada. Finalmente, agregó que la distinción vulnera el derecho al acceso a la administración de justicia en aquellos casos en donde la decisión no declara la responsabilidad fiscal. Ello por cuanto impone unas cargas adicionales a las partes en caso de que estas pretendan que la decisión en cuestión pase a ser estudiada por el juez contencioso administrativo (Demandante: Asdrúbal Corredor Villate).