Una providencia de la Sección Primera del Consejo de Estado concluyó que el grado de consulta persigue, además de establecer si se ha dado cumplimiento a la orden de tutela, verificar si la sanción impuesta por el juez del desacato resulta proporcionada y adecuada, pues lo que se busca es proteger el debido proceso del accionado incumplido, sin olvidar que está en la obligación de acatar la orden del juez constitucional (C.P. Roberto Augusto Serrato).