El texto conciliado de la ley que tiene por objeto establecer una política de Estado que diseñe y adopte normas destinadas a garantizar el ejercicio efectivo del derecho a una vivienda y hábitat dignos para todos los colombianos pasa a sanción presidencial. A través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se diseñarán los instrumentos técnicos, administrativos, jurídicos y financieros necesarios para la asesoría e implementación de programas y proyectos habitacionales que contemplen de manera integral la producción de vivienda en las modalidades de adquisición, construcción de vivienda de interés social y prioritaria, mejoramiento de y entornos rurales dignos. Corresponde a las autoridades gubernamentales propender por la reducción del déficit habitacional cuantitativo y cualitativo en el país, teniendo en cuenta las características y necesidades particulares de la población urbana y rural, así como la aplicación de un enfoque diferencial y territorial a favor de los grupos poblacionales que por sus características sociales, étnicas, culturales, económicas, ecológicas o de género requieran un reconocimiento especial. El Gobierno Nacional reglamentará las nuevas disposiciones de vivienda en un plazo no mayor a un año.