La Sala Laboral de la Corte Suprema revocó, en sede de impugnación, la decisión de la Sala Civil en la que había tutelado los derechos a la libertad de expresión y debido proceso de la periodista y de RCN. La sentencia de primera instancia había revocado una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá en la que declaró la responsabilidad civil de la periodista y el medio por cuenta de una cobertura radial hecha en el 2014 y les ordenó el pago de perjuicios a favor de un coronel retirado de la Policía. En ese momento la Corte consideró que la tensión existente entre la libertad para emitir una opinión y la presunción de inocencia no podía resolverse limitando la libertad de expresión y, con ella, la libertad de prensa. La Sala Laboral encontró que en su argumentación el tribunal sí hizo uso de los estándares fijados en la jurisprudencia nacional y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos respecto de los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad aplicable a los periodistas respecto de los contenidos que emiten. Por lo anterior, la declaratoria de la responsabilidad civil no podía entenderse como censura, “sino que es el juicio de valor emitido en el marco de la transmisión de la información”. En este sentido añadió que la actividad periodística puede ser penalizada si la información emitida no cumple con los estándares de veracidad, objetividad e imparcialidad e invade la esfera de otros derechos individuales o colectivos protegidos por el ordenamiento jurídico. Los magistrados Clara Cecilia Dueñas e Iván Mauricio Lenis salvaron su voto indicando que desde su criterio el tribunal no llevó a cabo ni el test tripartito ni aplicó el estándar de real malicia, por lo que debió haberse confirmado la sentencia de la Sala de Casación Civil (M. P. Gerardo Botero Zuluaga).