El Consejo de Estado reiteró que es posible la responsabilidad del Estado derivada de una norma declarada inexequible por la Corte Constitucional. Para que se configure, deben estar plenamente acreditados el daño antijurídico y la imputación al ente demandado. En el caso concreto, el alto tribunal abordó la acción de reparación directa iniciada por un ciudadano que consideró vulnerado su derecho de acceso a la justicia por el artículo 39 de la ley 443 de 1998, posteriormente declarado inexequible por la Corte Constitucional. Esta norma restringía el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo concerniente a la indemnización que tiene derecho a percibir el empleado de carrera cuyo cargo sea suprimido, pero no frente a la decisión que lo retira del servicio (C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz).