El Gobierno le agradeció al Congreso la aprobación proyecto de ley estatutaria de reforma a la justicia penal militar, que reglamenta los artículos 116 y 121 de la Constitución. Para el Ejecutivo, esta es una respuesta integral al problema de “ausencia de garantías y reglas claras para los miembros de la fuerza pública”. Varios temas deberá conciliar la comisión nombrada para unificar los textos aprobados por cada plenaria, como el relacionado con la imposibilidad de adjudicar responsabilidad mediata sin evidencias que prueben la participación del uniformado en estructuras jerárquicas al margen de la ley y el artículo que permite que los civiles que participen directamente en hostilidades sean blanco legítimo de la fuerza pública.