El proyecto está compuesto por 32 artículos y pendiente de estudio de la Comisión Primera del Senado, en tercer debate. La iniciativa establece un término improrrogable de 10 días para adoptar la sanción por desacato de una orden judicial. También preceptúa el agotamiento opcional de la vía administrativa cuando la tutela se dirija contra una actuación u omisión de la administración. Así mismo, se considerará falta gravísima la omisión del funcionario de dar cumplimiento a las decisiones reiteradas de la jurisdicción constitucional. Por otra parte, se incluye el precedente constitucional como criterio de interpretación de los derechos fundamentales. La reforma obligaría a la Corte Constitucional a publicar el fallo de revisión en su integridad en un término no superior a 15 días calendario después de adoptada la decisión. Por último, se dispone que si la Corte Constitucional selecciona para revisión una tutela interpuesta contra una sentencia de una alta corporación judicial, esta debe ser resuelta por la Sala Plena.