Los artículos 47 y 48 del Decreto-Ley Antitrámites (Decreto-Ley 019 del 2012) garantizan la protección de los derechos de autor, al exigir a los establecimientos abiertos al público que ejecuten obras musicales, fonogramas e interpretaciones tramitar la obtención de licencias y pagar sus obligaciones a través de ventanilla única. Mediante este nuevo procedimiento, consideró la Corte Constitucional, los titulares de estos derechos y las sociedades de gestión colectiva protegen su propiedad intelectual sin que se vulnere la libertad de asociación. Finalmente, el alto tribunal consideró que esto no significó una extralimitación en el ejercicio de las facultades extraordinarias del Presidente de la República, por ser un trámite existente en la administración pública.