Por cuarta ocasión, la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional mantener lo dispuesto en la reforma a la Ley de Justicia y Paz hecha a través de la Ley 1592 del 2012. En esta ocasión, el Ministerio Público le pidió al alto tribunal inhibirse para pronunciarse sobre las expresiones del artículo 2° de la norma, demandadas porque la definición de víctima vulneraría la Constitución respecto del amparo de la familia como institución básica de la sociedad. La entidad precisó que “la demanda parte de una interpretación equivocada de la norma, ya que la misma establece una noción amplia del concepto de víctima que no supone la exclusión o discriminación”. Finalmente, solicitó señalar que no se excluye del concepto de víctima a los parientes en primer grado civil de miembros de la fuerza pública que hayan perdido la vida.