La iniciativa busca establecer una prohibición dentro de la Constitución que restringiría la creación, promoción, instigación, organización, instrucción, financiación estatal, apoyo, tolerancia, encubrimiento o favorecimiento de grupos civiles armados organizados ilegales de cualquier tipo, incluyendo las denominadas autodefensas, paramilitares, así como sus estructuras o prácticas, grupos de seguridad ilegales o de justicia privada u otras denominaciones equivalentes. La reforma también otorgaría facultades al Legislativo para que cree los tipos penales que se relacionen con estas conductas. Dentro de la ponencia para primer debate se incluye un artículo dentro del cual se autorizaría la creación de una unidad especial dentro de la Fiscalía General de la Nación que tendrá autonomía para decidir sus líneas de investigación, mecanismos de escogencia de sus funcionarios y cuyas competencias estarán direccionadas al desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.