Así lo informó la Corte Suprema de Justicia luego de recordar que este tipo de conductas procesales constituye un uso temerario de la acción constitucional y que el demandante que incurra en esta irregularidad se expone a sanciones por parte de los funcionarios jurisdiccionales. Por esto, un auto de ponente de la Sala Laboral del máximo juez de la justicia ordinaria llamó la atención sobre la necesidad y la importancia de imponer correctivos económicos, como hacer cancelar el costo del proceso “en los eventos en los que un ciudadano cometa un obstinado e inconcebible exceso de la acción de tutela, que pugne con la naturaleza de dicho mecanismo constitucional”. Al respecto, el alto tribunal logró evidenciar que un ciudadano instauró varias veces una acción de tutela en iguales términos, las cuales fueron revisadas y decididas por la Sala Laboral y confirmadas por la Sala Penal. Como consecuencia, al existir identidad de hechos y objeto entre las tutelas, la sentencia desvirtuó el nuevo recurso y, al encontrarlo temerario, ordenó al ciudadano pagar tres salarios mínimos mensuales a favor de la administración de justicia (M.P. Rigoberto Echeverri).