Los precios ofertados por las empresas farmacéuticas en el mercado colombiano, y que son pactados con el Ministerio de la Protección Social, son información pública, de tal forma que no pueden ocultarse con el argumento de ser documentos con reserva legal. Así lo advirtió la Corte Constitucional, en sentencia de tutela de junio del año pasado. Según el fallo, esta información no está bajo reserva ni en la Constitución ni en alguna ley colombiana, de tal forma que las entidades públicas no pueden negarse a suministrarla, cuando se la exijan mediante derechos de petición. Por estas consideraciones, la Corte le ordenó al Ministerio de la Protección Social (ahora escindido en Ministerio del Trabajo y de Salud) a entregarle a la Federación Médica Colombiana los precios de unos medicamentos ofertados por la farmacéutica Roche, sobre los cuales tiene el monopolio de comercialización en el país (M. P. Jorge Ignacio Pretelt).