Acaba de radicarse una propuesta de reforma constitucional para, además de prohibir la reelección del Procurador General de la Nación (artículo 276 de la Constitución Política), imponer una inhabilidad a los magistrados de las altas cortes, al Contralor General de la República, al Fiscal y al Procurador General de la Nación, con el objetivo de que no puedan aspirar a esos mismos cargos sino luego de cinco años del vencimiento del periodo ejercido. El propósito, dicen los impulsores de la propuesta, es que estos funcionarios no incidan en su elección para otra corporación o entidad.