La Corte Constitucional admitió recientemente una acción de inconstitucionalidad que ataca, principalmente, el literal c) del artículo 4° (requisitos para incorporación), el literal a) del artículo 8° (clasificación) y, parcialmente, los artículos 10 (retiro por disminución de la capacidad sicofísica) y 21 (llamamiento a servicio) del Decreto Ley 1793 del 2000, régimen de carrera y estatuto de personal de los soldados profesionales. Según el concepto del demandante, estas normas permiten el retiro de los soldados por la pérdida de su capacidad sicofísica y por esa razón deben ser condicionadas para garantizar los principios y postulados fijados por la Carta Política y los tratados internacionales ratificados por el país. Lo anterior, según su criterio, porque es necesario articular los esfuerzos a nivel jurídico y económico  para reubicar laboralmente a estos uniformados, que habiendo perdido parte de las mencionadas capacidades no reúnan las condiciones para acceder a una pensión por invalidez, pues, de no hacerlo, “resultaría una carga desproporcionada para estos miembros de la fuerza pública”.