Se admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 26 de la Ley 1430 del 2010, que establece los medios de pago para efectos de la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables. Para el ciudadano, esta norma lesiona los derechos a la igualdad y a la libertad de empresa, entre otros, pues los pagos en efectivo no gozan del mencionado reconocimiento fiscal. Así mismo, sostiene que se viola el principio de confianza legítima de establecimientos de comercio como, por ejemplo, los dedicados a la compraventa con pacto de retroventa, que no efectúan sus pagos según lo previsto en la norma censurada (demandante: Carlos Alberto López Cadena).