Las accionantes reclamaban que la Policía Nacional se abstuviera de usar un lenguaje discriminatorio, que actuara cuando fueran víctimas de alguna agresión física o verbal y que las autoridades locales les permitieran ubicarse en una zona específica del municipio de Duitama (Boyacá).

La Corte Constitucional tuteló los derechos a la igualdad y no discriminación de las accionantes. En ese sentido, ordenó a la Policía que implemente un protocolo para la atención y respuesta por parte de sus agentes frente a agresiones físicas y verbales en contra de mujeres cisgénero y transgénero dedicadas a actividades de prostitución, así como frente a abusos de los que sean víctimas por parte de las personas con las que interactúan.

Además, ordenó a la Policía, a la Alcaldía y al Concejo Municipal de Duitama diseñar y poner en marcha capacitaciones para sus funcionarios sobre derechos humanos, enfoque de género, discriminación y narrativas no discriminatorias en relación con esta población (M. P.: Cristina Pardo Schlesinger).