Por medio de un comunicado, la Corte Constitucional declaró exequible el Decreto 500 del 2020, que adoptó medidas de orden laboral, relativas a la destinación de los recursos de las cotizaciones a las administradoras de riesgos laborales (ARL) de carácter público, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. Según la corporación, esta norma satisface los requisitos formales y materiales de constitucionalidad previstos en la Carta Política, la ley estatutaria de estados de excepción y la jurisprudencia constitucional. Adicionalmente, explicó que el Decreto 500 cumple con el requisito de conexidad material toda vez que existe una relación entre su motivación y su articulado (conexidad interna), así como una relación de causalidad entre las circunstancias que motivaron la emergencia y la destinación de unos porcentajes de las cotizaciones que reciben las ARL (conexidad externa). Además, aprobó el juicio de finalidad, pues al otorgarles a las ARL públicas recursos para prevención de riesgos, el Gobierno busca impedir la extensión de los efectos del covid-19 y contribuye a realizar el principio de igualdad entre las ARL privadas y públicas, así como entre afiliados y beneficiarios de cada una (M.P. Cristina Pardo Schlesinger).