La Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional que se declare inhibida para pronunciarse contra un aparte del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), referente a los requisitos para decretar la medida de aseguramiento. El demandante considera que la expresión “que resulte probable que el imputado (…) no cumplirá la sentencia” vulnera el derecho fundamental al debido proceso y contraría el principio de la presunción de inocencia. Sin embargo, el Ministerio Público advirtió que el hecho de que el artículo 29 de la Constitución establezca que toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable no implica una prohibición al legislador para definir cuándo las autoridades competentes pueden decretar una medida de aseguramiento.