Los retos que enfrenta el decreto que pretende liberar a integrantes de la Primera Línea

Ayer se conoció el Decreto 2422, que permitiría la liberación de varios jóvenes capturados durante las protestas sociales del 2021, conocidos generalmente como integrantes de la denominada Primera Línea. (Lea: Así aplicarán figura de gestores de paz a miembros de la 'Primera Línea')

Como lo informamos oportunamente, se creó una comisión intersectorial que recomendará la admisión o exclusión de personas como voceras o promotoras de paz, y así facilitar su liberación. (Lea: Este es el decreto que permitiría liberar a integrantes de la primera línea)

Oposición a la medida

La procuradora general de la Nación fue una de las primeras en pronunciarse al conocerse la norma. Margarita Cabello declaró que la decisión no debería estar en cabeza del Presidente de la República, sino que es un papel del Congreso de la República reglamentar las condiciones para autorizar órdenes de libertad.

Por su parte, el Fiscal General de la Nación expresó que estará atento a este procedimiento y recordó que las investigaciones judiciales contra los posibles beneficiarios de libertad han sido debidamente sustentadas, por la configuración de varios delitos.

El funcionario hizo especial énfasis en que ninguna de las personas condenadas puede quedar en libertad, ya que se encuentran debidamente procesadas por la justicia, además dijo que espera de la justicia tome las decisiones ajustadas a Derecho frente a las recomendaciones de la comisión intersectorial.

Voces en el Congreso

El senador Gustavo Bolívar, que ha apoyado a los miembros de la Primera Línea, ha dicho que falta representación en la comisión creada, por lo que pidió incluir a

la Consejera Presidencial para la Juventud.

Desde la oposición se atacará la norma por extralimitación de funciones, según la senadora Paloma Valencia.

Por su lado, la senadora Maria Fernanda Cabal resalta que los capturados, algunos ya condenados, cometieron secuestro, homicidio, daño en bien ajeno y tortura, mientras que la norma exige que pertenezcan a una organización social o humanitaria.

Constitucionalistas dan su visión

Algunos constitucionalistas, como Rodrigo Uprimny, han escrito sobre la complejidad del caso, ‘’es problemático constitucionalmente y para el Estado de derecho’’, ha dicho, pues la figura de gestores de paz fue creada para otro propósito y este Gobierno sugiere que esos jóvenes son integrantes o cercanos a grupos armados ilegales.

Adicionalmente, indicó que la modificación a la Ley 418, por medio de la Ley 2272, es muy ambigua y otorga la facultad al Presidente de la República de excarcelar detenidos cuando considere que pueden aportar al manejo de la conflictividad social, violándose de esa manera la separación de poderes. Para el constitucionalista, ese defecto de la ley debe ser corregido en el Congreso.

Por otro lado, José Gregorio Hernández resaltó que la idea no es otorgar amnistía o indulto a quienes ya han sido condenados y resaltó que son los jueces los competentes para seguir con el proceso de las personas procesadas y que no es posible por medio de un decreto ordenar la libertad de quienes estén cobijados por una detención preventiva o medida de aseguramiento, pues esto invade la órbita de los jueces y sería inconstitucional.

La respuesta del Gobierno

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explicó en su cuenta de Twitter los elementos legales de la disposición; por ejemplo, que es una atribución presidencial establecida en la Ley 2272 , que esta figura ya existía y varios gobiernos la utilizaron para nombrar voceros a miembros de grupos armados. Ahora la ley permite que también se designe a personas que no pertenecen a esos grupos, sino a organizaciones sociales o comunitarias.

Eso sí, enfatizó que "no es indulto ni amnistía”, pues los voceros quedarían en libertad transitoriamente con el propósito de que cumplan con las tareas de paz o reconciliación que se les encomienden y seguirán vinculados a los procesos penales.

Como se ve, el Ejecutivo tendrá que trabajar más en la explicación de su idea de liberar a los miembros de la Primera Línea, pero especialmente en concertar con los otros poderes, especialmente la Rama Judicial, la forma en que puede sacar adelante su promesa de campaña de proteger a los jóvenes detenidos durante la protesta social.